Revelan ubicación de 40 fosas con 887 desaparecidos en La Mar

Hermenegildo Ortiz Chalco, alcalde distrital de Chungui, presentó ayer a la Comisión de la Verdad una relación de 40 fosas comunes ubicadas en diversos puntos de la provincia ayacuchana de La Mar, donde estarían enterradas 887 personas.Según explicó el burgomaestre, por cada entierro clandestino existen testigos que conocen el lugar exacto, cuya lejanía y falta de vías de acceso dificultan su ubicación por la mayoría de pobladores.

De acuerdo con la carta entregada al presidente de la Comisión de la Verdad, Salomón Lerner, la existencia de estas fosas comunes nunca fue revelada por los pobladores porque recibieron constantes amenazas de muerte para no revelar su ubicación."Las fosas existen porque así lo confirman diversos testigos que presenciaron la acción cometida por los terroristas y el exceso protagonizado por los militares entre 1983 y 1989", declaró. Ortiz Chalco aseguró que los entierros clandestinos nunca fueron investigados ni ubicados por las autoridades competentes, por ese motivo, aprovechó su presentación ante la Comisión de la Verdad para iniciar una investigación exhaustiva.Los detalles y las precisiones brindados por el alcalde de Chungui son tan minuciosos, que ameritan una visita de los comisionados e incluso alguna fiscalía puede iniciar una investigación de oficio para corroborar la información.

Los pobladores de Cayara y Accomarca acudieron ayer al Congreso para presentar testimonio sobre las matanzas que conmovieron a la opinión pública y para exigir justicia por los responsables de estos hechos ocurridos durante la década de los 80. Durante su presentación en el salón Raúl Porras Barrenechea estuvieron acompañados por los congresistas Anel Townsend y Walter Alejos Calderón de Perú Posible, quienes anunciaron la presentación de dos proyectos de ley para facilitar la investigación de violaciones de los derechos humanos. También estuvo el especialista Jaime Antezana. Con respecto a la Comisión de la Verdad, la parlamentaria explicó que el proyecto busca darle rango de ley a este grupo de trabajo, denominándolo Comisión de la Verdad para la Reconciliación Nacional, con mayores funciones y facultades ampliadas.

"La Comisión fue creada en junio pasado mediante decreto supremo 065-2001, sin embargo, esta instancia tiene algunas limitaciones que podrían ser superadas por una ley emitida por el Congreso de la República", declaró. Entre las propuestas del proyecto figuran el carácter vinculante de las recomendaciones formuladas por la Comisión de la Verdad, cuyo plazo de cumplimiento sería de seis meses.

La mayor parte de los deudos de Cayara son precisamente mujeres, quienes en su mayoría fueron testigos de la cruel muerte que sufrieron los hombres de su pueblo a manos de presuntos militares que se presentaron buscando a columnas senderistas. Pero no sólo observaron la matanza, sino también fueron violadas y humilladas por los asesinos que vestían uniforme del Ejército aquel aciago 14 de mayo de 1988. Y precisamente el testimonio de estas mujeres del ande fue recogido por la Comisión de la Verdad para esclarecer los fatídicos hechos.

Teodora Apari Marcatoma ya no tiene fotos de su esposo. La mayoría de ellas fueron repartidas en diversos poblados de la provincia ayacuchana de Víctor Fajardo para identificar su cadáver. Por eso, ahora sólo muestra un dibujo hecho por sus propias manos para recordar a la opinión pública que aún lo busca.

Según recuerda en su quechua natal, su esposo Aurelio Choccña fue detenido por los hombres vestidos de militar, quienes lo torturaron cruelmente, pero nunca más lo volvió a ver.

Al dolor de perder a su madre, Valeriana Ipurre Marcatoma sumó el sufrimiento de ser víctima de crueles torturas. Después de ser detenida por los asesinos, ella pudo escapar corriendo, pero fue alcanzada por uno de los uniformados, quien la sometió a vejaciones.

Primero fue violada, luego sofocada en un envase con agua y finalmente colgada de una viga, con las manos hacia atrás, lo cual le provocó serias lesiones en la coyuntura de los brazos.

En su primer acto público, los miembros de la Comisión de la Verdad recibieron ayer a los pobladores de Accomarca y Cayara para recoger el testimonio de testigos que presenciaron la matanza de decenas de campesinos en 1985 y 1988, respectivamente.La primera escucha de testimonios se realizó en el auditorio Juan Pablo II de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde se congregaron numerosos estudiantes y un centenar de humildes campesinos provenientes de ambas jurisdicciones ayacuchanas. Como representantes de los pobladores acudieron el alcalde de Cayara, Juan Gonzales García; el gobernador distrital, Crispín Flores Aroni; y el burgomaestre de Accomarca, Hernán Gómez Tecse. Al culminar la explicación de los testigos, en su calidad de presidente de la Comisión de la Verdad, Salomón Lerner se comprometió a realizar los mayores esfuerzos para investigar ambos casos y devolver la dignidad a los deudos que exigen justicia desde hace 15 años

Flor Huillca

Enviada especial, Chuschi

Los restos corresponden a cinco campesinos, quienes, según testimonios de los familiares, fueron secuestrados en el pago de Yuraccruz, perteneciente a la comunidad de Quispillacta, en Chuschi.

Los autores del secuestro habrían sido una patrulla del Ejército Peruano que los detuvo el 14 de mayo de 1983, mientras realizaban el ayni, un trabajo comunal denominado en la parcela de Narciso Achayllama Capcha, siendo esa la última vez que sus familiares los vieron con vida.

De acuerdo al testimonio recogido por la Defensoría del Pueblo, los campesinos estuvieron detenidos un día en la escuela de Chuschi, distante a una hora y media de camino de Quispillacta.

Luego debieron caminar otras dos horas hasta Sillaccasa, donde habrían sido ultimados a tiros ocho campesinos, uno de ellos se dio a la fuga.

Paciente tarea

Ayer un equipo combinado del Ministerio Público y de peritos del Equipo Peruano de Antropología Forense detectaron el lugar en el que fueron sepultados clandestinamente y procedieron a la excavación de los restos en presencia del fiscal Juan Domingo León y Beatriz Alva Hart, miembro de la Comisión de la Verdad.

El trabajo se inició a las 8 de la mañana, pero recién a las 10 y 20 la fosa común dejó ver los primeros restos óseos a tres metros de profundidad aproximadamente. Se trataba de una persona que a pesar del tiempo conservaba una chompa de buzo de color azul. Por esa prenda sus familiares lo identificaron como Narciso Achallma Capcha.

Otras dos víctimas, aún con vida, fueron lanzadas a un despeñadero, ubicado a 15 metros de esta fosa, según testimonio de la Defensoría del Pueblo.

El trabajo que desarrollaron los peritos del MP y del equipo peruano de antropología forense fue paciente y cuidadoso para no dañar algún objeto o indicio que pudiera ayudar a la identificación de los restos, determinar las causas de las muertes o a los presuntos responsables.

Exhumarán cuerpos

Una vez ubicados los cuerpos se procederá a la exhumación de los mismos. Hasta ayer se avanzó con el levantamiento del cuerpo asignado con el número 1, cuyos restos fueron colocados en 10 bolsas plásticas.

Al terminar la tarde se pudo constatar que en esta fosa se encuentran otras cuatro personas, y se presume que una quinta víctima estaría más abajo.

Cuando se culmine con este proceso todos los restos serán trasladados a la comunidad de Chuschi, donde el Ministerio Público instalará una morgue portátil para proceder con las investigaciones finales.

Se espera que el domingo los restos sean entregados a sus familiares para que finalmente puedan darle cristiana sepultura.

El chacal y sus soldados

Las investigaciones preliminares realizadas por la Defensoría del Pueblo revelan que hay indicios suficientes para atribuirle la responsabilidad de este hecho al teniente conocido como Chacal, a un capitán y a un soldado de la base que el Ejército peruano poseía en la comunidad de Totos.

La labor de los militares era hacer patrullaje en Pampas Cangallo, en Yuraccruz y en Chuschi.

Se informó que tras acusarlos de terroristas, los militares llevaron a los campesinos al colegio de Chuschi y tras lanzar a un despeñadero a dos, ultimaron a tiros a los otros seis.

Cincuenta fosas

La Defensoría del Pueblo trabajó en el tema de fosas y desaparecidos hace cuatro años. Se ha podido determinar que existen 50 zonas en las que existen entierros clandestinos y cerca de seis mil desaparecidos en todo el país.

«La Defensoría del Pueblo recogió los testimonios de los familiares y los testigos. Todas estas investigaciones fueron no jurisdiccionales, por lo que cuando tuvimos los indicios suficientes pusimos el caso en manos del Ministerio Público», dijo Carla Chipoco Cáceda, adjunta al Defensor del Pueblo para Derechos Humanos.

Por su parte la comisionada Beatriz Alva Hart señaló que esta jornada de trabajo fue satisfactoria para los propósitos de la comisión y para las investigaciones, pues los restos fueron hallados en buenas condiciones y podrán ser identificados.

Dijo que el propósito de la comisión en esta primera exhumación que realiza como organismo no sólo era para recuperar los restos sino, sobre todo, entregarlos a sus familiares para que puedan darles cristiana sepultura.

Comentó que por el tiempo de trabajo que dispone la Comisión de la Verdad no les sería posible participar en todas las exhumaciones de las fosas por lo que elaborarán un plan de acción en ese sentido, a fin de que las autoridades locales continúen con esta labor.

Para hoy los antropólogos del MP continuarán con el recojo de las evidencias y las exhumaciones de los demás restos.

Familiares exigen sanción para responsables

Tras el paciente trabajo realizado por las autoridades y tomando en cuenta los testimonios de los familiares serían ocho los campesinos asesinados por los militares en Chuschi.

Estos respondían a los nombres de Narciso Achallma Capcha, Reynaldo Núñez Pacotaype, Luis Machaca Mendoza, Máximo Vilca Ccallopunto, Antonio Carhuapoma Conde e Hilario Núñez Quispe.

Se informó que los campesinos lanzados a un despeñadero serían Pedro y Julián Núñez Mendoza, cuyos restos, al parecer, habrían sido devorados por aves de rapiña.

Los familiares de las víctimas, presentes en esta diligencia, esperan por fin recuperar los cuerpos de sus seres queridos y trasladarlos a sus lugares de origen para sepultarlos.

Indicaron que cuatro meses después de la desaparición de los campesinos y tras tener la certeza de que sus restos yacían en esta fosa, formularon las denuncias respectivas ante las autoridades de Chuschi pero estas se negaron a proceder a una exhumación y a la posterior entrega de los cuerpos.

Luego, cuando llegaron los miembros de la Defensoría del Pueblo les entregaron sus testimonios, lo que finalmente permitió iniciar una investigación y proceder a esta exhumación.

«Lo único que queremos es sanción para los responsables y que nos devuelvan los cuerpos de nuestros familiares», dijeron.

Trascendió que posiblemente el domingo, de culminar con la exhumación y logrando la recuperación de los restos, éstos serían entregados a sus familiares tras una misa, en una ceremonia especial en la plaza de armas de Chuschi.

Por ÁNGEL PÁEZ

Los documentos secretos contienen valiosa información sobre la "guerra sucia" en Perú entre 1983 y 1994, lo que permitirá a la Comisión de la Verdad investigar numerosos casos de violaciones de derechos humanos perpetrados por las fuerzas contrasubversivas.

Se tratan de los reportes que la Embajada de los Estados Unidos en Lima remitía al Departamento de Estado en Washington, dando cuenta del desarrollo del conflicto interno generado por los grupos alzados en armas y las tropas gubernamentales.

Los informes fueron desclasificados a solicitud del Archivo Nacional de Seguridad (NSA), una organización no gubernamental adscrita a la Universidad George Washington de la capital norteamericana, cuya finalidad es determinar la conducta de las distintas administraciones gubernamentales estadounidenses en relación con la violación de los derechos humanos y la violencia política.

La verdad se abre paso

Los 41 documentos permiten establecer que a pesar de los informes de la Embajada de Estados Unidos en Lima, donde se registran testimonios de militares y policías sobre crímenes extrajudiciales y la existencia de escuadrones de la muerte, Washington no denunció vigorosamente los casos a nivel internacional alegando que carecía de pruebas.

Los reportes obtenidos por la NSA se diferencian de los 38 documentos entregados por el Departamento de Estado a la Comisión Investigadora que preside la congresista Anel Townsend Diez Canseco, porque éstos se refieren en particular a diversas informaciones relacionadas con Vladimiro Montesinos Torres.

El pasado 27 de noviembre, la Comisión de la Verdad solicitó oficialmente al presidente George W. Bush que contribuya al esclarecimiento de los numerosos abusos perpetrados durante la guerra sucia, permitiendo la desclasificación de documentos relacionados con el tema. Los reportes obtenidos por el Archivo Nacional de Seguridad serían un adelanto de lo que eventualmente el gobierno norteamericano proveería a la Comisión de la Verdad.

Cruda realidad

Las distintas administraciones norteamericanas estaban completamente informadas de la crítica situación peruana debido al conflicto interno, lo que se expresa con absoluta crudeza en el reporte que el 20 de diciembre de 1990 envió el embajador Anthony Quainton a Washington: "Uno no puede ser neutral y sobrevivir en Ayacucho. Si eres un radical de derecha, Sendero Luminoso tratará de matarte. Y si eres un terrorista, sólo la policía o los militares intentarán eliminarte. Si estás en el medio, los terroristas o los soldados querrán asesinarte".

Los documentos contienen informes sobre los momentos claves de la lucha contrasubversiva, desde la aparición de las primeras fosas comunes de individuos ejecutados con balazos en la cabeza por la Marina, y cuya autoría el gobierno del presidente Fernando Belaunde Terry siempre negó; así como la política de encubrimiento que el Ejército y la Marina desplegaron para proteger a criminales como el comandante Alvaro Artaza Adrianzén y el teniente Telmo Hurtado Hurtado, quienes ordenaron las masacres de Huanta y Accomarca.

La masacre en los penales El Frontón y Lurigancho en junio de 1986, y la presunta responsabilidad política del entonces mandatario Alan García Pérez, son parte de los reportes desclasificados por el Departamento de Estado.

Política de muerte

Otro de los documentos trascendentales es un cable enviado por el embajador Anthony Quainton a Washington el 24 de mayo de 1993, en el cual consigna una conversación entre un alto funcionario no identificado del gobierno de Alberto Fujimori con oficiales de la Sección Política de la legación diplomática norteamericana. El funcionario peruano reconoce que el grupo "Colina" cometió las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, y confirmó que la lista de miembros de la banda que reveló el general EP Rodolfo Robles Espinoza era correcta.

Cuando se le preguntó por qué no informaba públicamente de lo que sabía, incluyendo el espionaje telefónico que realizaba el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), la fuente de la Embajada dijo que temía por su vida porque en Perú se vivía "una situación parecida a la que se vivía en Alemania bajo el dominio de la Gestapo".

El último documento desclasificado está fechado el 24 de abril de 1994, y está referido a las operaciones contrasubversivas en el Alto Huallaga que registró numerosos muertos.

En la mayoría de reportes la Embajada de los Estados Unidos en Lima resalta que a pesar de las evidencias, los gobiernos de Belaunde, García y Fujimori, sobre todo en el caso del último, aplicaron políticas Contrasubversivas donde el respeto a los derechos humanos no era la prioridad.

Lo que explicaría por qué se registraron más de 30 mil víctimas durante la "guerra sucia".

Comisión de la Verdad recibirá informes

La Comisión de la Verdad recibirá los 41 documentos desclasificados que solicitó al Departamento de Estado el Archivo Nacional de Seguridad (NSA), organización no gubernamental afiliada a la Universidad George Washington.

El presidente de la Comisión, Salomón Lerner Febres, indicó que mantiene contacto con la NSA y que próximamente enviará los reportes sobre la "guerra sucia".

Lerner señaló además que el Departamento de Estado proporcionó a la Comisión otros documentos desclasificados, los cuales son analizados por el equipo bajo su cargo.

El Departamento de Estado enviará más documentos desclasificados sobre las violaciones de los derechos humanos en el Perú a solicitud de la comisión, precisó Lerner Febres.

Con respecto al contenido de los documentos, dijo que no podía opinar acerca de éstos porque aún no habían sido totalmente revisados y comprobados.

"Los documentos no están escritos sobre piedras, por eso hay que revisar y comprobar todas las declaraciones y hechos que contengan", manifestó.

Embajador Hamilton aclaró:

"No hay intención política"

El embajador de los EEUU, John R. Hamilton, negó que la desclasificación de documentos del Departamento de Estado sobre la matanza de los penales de junio de 1986 tenga un objetivo político en contra del ex presidente Alan García.

Hamilton dijo que fue una organización no gubernamental norteamericana (el Archivo de Seguridad Nacional, NSA) la que solicitó los documentos al gobierno estadounidense sobre violación de derechos humanos y violencia política, entre los cuales se encuentra el referido a la masacre de los penales.

Negó que haya intención política de su embajada en este caso. "De ninguna forma, nosotros ni siquiera hemos tenido información de que existía la solicitud. Lo que yo sí sé es que esa ONG, que se llama Archivo de Seguridad Nacional, que suena como oficial, pero en realidad es privada, ha presentado cerca de trescientas solicitudes sobre cuestiones que podrían ser de interés para el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación", expresó.

Preguntado si los reportes aparecen porque hay cierta discrepancia de Alan García Pérez del gobierno del presidente Alejandro Toledo, aseguró "que con toda conciencia, el trabajo de esa oficina está procediendo independientemente de cualquier situación de política interna del Perú".

Comentó que en esa oficina no tienen idea de lo que está pasando en la vida política peruana.

Tampoco aseguró no saber si sobre esa ONG haya presión de algún político del oficialismo en ventilar el caso de los penales de 1986

Informante dijo que órdenes "vinieron de Lima"

El reporte que recoge la versión de un sargento de la Policía Nacional, quien afirmó que perteneció a un "escuadrón de la muerte" que a lo largo de 1989 masacró en Ayacucho a más de 300 presuntos senderistas, está fechado el 19 de diciembre de 1990 y lleva estampada la rúbrica del entonces embajador Anthony Quainton.

"Un sargento de la policía describió a oficiales de la Sección Política (de la Embajada) los detalles de su participación en un escuadrón de choque con base en Ayacucho", indica el documento. "El grupo eliminó a 300 sospechosos de (pertenecer a) Sendero Luminoso en 1989, mediante asesinatos extrajudiciales. La mayoría de los objetivos (víctimas) eran campesinos que no participaban en las rondas campesinas organizadas por el Ejército. El grupo también asesinó a acusados o inculpados de pertenecer a Sendero Luminoso que salían de las cárceles de Ayacucho".

"El grupo de choque se desmembró en 1990 cuando tres de sus cuatro miembros fueron asesinados o heridos en una emboscada senderista, en 1990", señala el informe, dando entender que el sobreviviente sería informante de la Embajada estadounidense.

El sargento de la policía señaló que las órdenes las recibía "desde Lima" antes de proceder a consumar las ejecuciones y relató que en algunos cuarteles había crematorios para desaparecer los cadáveres de las víctimas. Para el caso de los subversivos reclusos, el grupo contaba con informantes en el Poder Judicial que les indicaba el día y la hora en que saldrían en libertad para seguidamente proceder a intervenirlos y matarlos.

"El equipo continuó operando hasta los primeros meses de 1990, iniciando sus operaciones junto con campañas antiterroristas cuando las provincias de Huanta y La Mar no estaban bajo dominio exclusivamente militar", dijo el informante. "Había un crematorio en Puquio (Lucanas), otro en las afueras de la base de 'Los Cabitos', sede del Comando Político Militar de Ayacucho".

"Se requería de un permiso -de Lima- para matar a un hombre", señaló el confidente de la Embajada de los Estados Unidos.

Durante las reuniones entre el sargento de la policía con los oficiales de la Sección Política de la Embajada estadounidense, "en las cuales confesó todos sus pecados", el informante también reveló que existieron órdenes para eliminarlos porque conocían de las ilegales operaciones secretas contrasubversivas.

"Le explicamos las objeciones del gobierno de los Estados Unidos a muchas de las prácticas descritas (por el sargento), pero le hicimos notar que la Embajada está interesada en conocer la realidad de la guerra en Perú contra el terrorismo", señala el informe desclasificado. (Angel Páez).

Un miembro del grupo "Colina" solicitó ayuda a la Embajada de Estados Unidos para salir del país y revelar detalles de las operaciones clandestinas de la organización del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), así como la vinculación del ex asesor Vladimiro Montesinos Torres con las operaciones clandestinas, de acuerdo con un reporte de la legación diplomática al Departamento de Estado.

En el informe del 4 de enero de 1993 se indica que el informante del SIN, por medio de un conocido contacto de la Embajada, temía que lo mataran por lo que sabía y deseaba entregar la información sobre los asesinos a sueldo.

"El oficial (del SIN) afirma que él puede vincular a Montesinos con la matanza de Barrios Altos", indica el reporte. El autor del informe, Charles Brayshaw, quien se desempeñaba como el segundo encargado de la Embajada, recomendó conversar con el oficial del Ejército.

Manos ensangrentadas

"Cuenta con información de ejecuciones sumarias de supuestos terroristas y de la matanza de Barrios Altos. El oficial puede identificar a los miembros que pertenecieron al grupo especial, y testificar sobre los crímenes de Barrios Altos y otros", reportó Brayshaw.

Pero lo más importante que ofrecía el miembro del grupo "Colina" era "vincular al asesor del SIN (y asesor cercano de Fujimori), Vladimiro Montesinos, y al director del SIN general (Julio) Salazar (Monroe), con las matanzas de Barrios Altos y otras". La presentación pública del oficial del SIN habría sido un golpe mortal para la mafia que comenzaba a consolidarse en el gobierno.

Prioridad norteamericana

"(El oficial norteamericano) le dijo a la persona que representa al oficial que los Estados Unidos estaba muy interesado en obtener más información sobre el caso Barrios Altos y contribuir a la mejora de la situación de los derechos humanos. Sin embargo, tenemos que preguntar a Washington para su evaluación sobre qué tanto podemos ayudar al oficial, asumiendo que sus aseveraciones eran creíbles", reportó Brayshaw en un amplio y detallado informe de cinco páginas.

El temor que invadía a los norteamericanos, pese a la enorme importancia del testimonio que ofrecía el ex miembro del grupo "Colina", es que revelada la información sobre Montesinos podría afectar gravemente las relaciones diplomáticas con Perú.

"Sería irritante para nuestras relaciones bilaterales si el oficial (del SIN) eventualmente presente cargos contra el asesor más cercano de Fujimori: Montesinos", explicó Brayshaw. Todo parece indicar que Estados Unidos prefirió mantener siete años más de "buenas relaciones" con el fujimontesinismo.

(Angel Páez, con la colaboración de María Luisa Palomino en la traducción).

Han transcurrido once años desde las matanzas Barrios Altos y La Cantuta, y recién en las ultimas semanas se ha podido comprobar que el Grupo Colina, el comando de aniquilamiento que asesino a sangre fría a veinticinco personas sólo en Lima, no era un grupo clandestino o paramilitar, sino parte orgánica de la estructura del Servicio de Inteligencia del Ejército del Perú (SIE).

El primero de abril de este año, una comitiva anticorrupción, encabezada por la jueza Victoria Sánchez y el fiscal Richard Saavedra, realizó una diligencia en los archivos del SIE. Los documentos que se hallaron, hasta entonces secretos, evidencian que tanto suboficiales como altos mandos del Ejército participaron activamente del escuadrón de la muerte. Estos oficios originales corroboran la existencia oficial del grupo "Colina", al que dentro del SIE se denominaba "Destacamento Colina".

Desde que cayó la dictadura, y se iniciaron las investigaciones anticorrupción, casi todos los sindicados de pertenecer a Colina negaron la existencia del grupo. Ahora, oficios con sellos, firmas, y algunas anotaciones originales, los desmienten.

El memorando número 5775b-4.a, fechado el 22 de agosto de 1991 y firmado por el general Juan Rivera Lazo, entonces jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, ordena al jefe del SIE (DINTE), el entonces coronel Víctor Silva Mendoza, trasladar a nueve agentes operativos de inteligencia, y ponerlos a disposición del coronel, hoy recluido en el penal de San Jorge, Fernando Rodríguez Zabalbeascoa.

En el mismo memorando se lee la orden de entregar al "desto colina", el local, armamento y municiones, al igual que inmobiliarios y equipos diversos como cámaras fotográficas, visores nocturnos, teleobjetivos, marrocas, entre otros.

Esta semana, el jefe del SIE durante 1992, el coronel Alberto Pinto Cárdenas, habló con agenciaperu.com y aclaró su participación: "todos los destacamentos son oficiales por que están dentro de la estructura y reglamento de nuestro Ejército. Como el Destacamento Colina, el nombre Destacamento Colina, así como el Destacamento Leoncio Prado. Aquel que diga que no conocía es falso porque todo el mundo lo conocía acá están los documentos".

El 21 de enero de 1992, cuando ya había ocurrido la matanza de barrios altos, se separa a dos agentes del "desto colina", a Rosa Ruiz Ríos y a Estela Cárdenas Diaz. Y quien firma los relevos de este personal es el coronel Alberto Pinto.

"Es una disposición superior, y si lo firmo yo es por disposición superior, eso es el escalonamiento dentro de la relación de estos documentos, por ordenes del Jefe de la DINTE, por encargo del general de orden superior del jefe de la DINTE", aclara el coronel Alberto Pinto.

El del 28 de enero de 1992, se separa también del grupo a Mariela Barreto Riojano, quien fuera pareja de Santiago Martín Rivas, y resultara asesinada y descuartizada 5 años después.

Estos son sólo algunos de los treinta y siete documentos incautados por la jueza Victoria Sánchez. Este material servirá para probar la responsabilidad directa e ineludible del comando del Ejército de entonces, encabezado por el general Nicolás Hermoza Ríos, del Jefe del Sistema de Inteligencia Nacional, Vladimiro Montesinos, de quien dependía el Servicio de Inteligencia del Ejército, así como la del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, y Jefe Inmediato de Montesinos, el ex presidente Alberto Fujimori.

La historia del grupo colina fue descubierta por la prensa independiente en 1993, el 22 de abril de ese año, la revista Caretas fue el primer medio que hizo pública la existencia del escuadrón de la muerte, denominado grupo "Colina".

Enrique Zileri, director de la revista, lo recuerda así: "en la semana misma en la cual nosotros hacemos el informe, había ido Hermoza Ríos al Congreso, en una actitud muy altanera, a decir, a la Comisión Investigadora que investigaba La Cantuta y Barrios Altos, que no iba a permitir que se afectara el prestigio del Ejército. En esa semana se tiene evidencias de nombres, versiones muy sólidas y cruzadas, y de la existencia de ese Equipo Colina, grupo asignado básicamente al SIN".

Zileri, tuvo el coraje de publicar una investigación que le costó a su revista, amenazas diversas y represalias económicas: "sí, era un escuadrón de la muerte, de la características más típicas. Nosotros publicamos en esa época. Esos meses fueron de los más movidos. Cecilia Valenzuela recibió una amenaza muy seria. Las amenazas telefónicas eran varias, y las recibimos todos nosotros. Es más, una vez llegó un sobre a la revista, con una cabeza de pollo decapitado, recién decapitado, todo ensangrentado, con una fotografía de Cecilia Valenzuela atada a la cabeza, con una cinta negra, como muna especie de magia negra". El temido servicio de inteligencia de Vladimiro Montesinos, en el que se gastaron enormes presupuestos en perjuicio del erario nacional, estuvo marcado por el crimen desde el principio. Y un puñado de periodistas independientes los descubrió.

Desde finales de 1990 y durante los primeros meses de 1991, mientras cientos de militares tomaban las universidades para limpiarlas de pintas subversivas, un grupo especial de militares inició una serie de asesinatos indiscriminados en el interior del país. Estos ocurrieron en toda la sierra central, pero principalmente, en la universidad del Centro. Según un reporte de la fiscalía provincial de Huancayo, sólo entre el 3 de diciembre de 1990 y el 25 de marzo de 1991, se registraron 61 denuncias de desaparecidos, en su mayoría, estudiantes.

Y es precisamente durante estos días, exactamente el 25 de junio de 1991, según la hoja de recomendación número 003 CP - JAPE - 1b, firmada por Fujimori que éste solicita un reconocimiento sin precedentes: que se recompense a un grupo de militares "por los eficientes servicios en materia de seguridad nacional y en defensa de los altos valores de la democracia, trabajos que son de gran utilidad para el sistema de inteligencia nacional".

Los ilustres militares, dignos del elogio del Jefe de Estado, son, entre otros, los hoy prófugos ex integrantes de Colina: Santiago Martin Rivas, Fernando Rodriguezz Zaalbabescoa, Carlos Pichilingue Guevara y Marco Flores Alván.

También fueron distinguidos dos hombres de extrema confianza de Vladimiro Montesinos: su cuñado, Luis Cubas Portal, y Roberto Huamán Azcurra, encargado de la interceptación telefónica. Ambos detenidos hoy, en los penales de San Jorge y Sarita Colonia del Callao, respectivamente.

El interés de Fujimori porque estos militares sean premiados por la "defensa de los altos valores de la democracia..." quedó confirmado en un segundo documento. Esta vez un memorando, con el rotulo de Presidencia de la República, del 30 de julio de 1991, (y publicado por Caretas en 1993) donde el entonces presidente pide directamente que se les incluya en la lista de ascensos. El motivo: "trabajos especiales en materia de seguridad nacional durante 1990 y en lo que va del año".

Pero, como si los anteriores pedidos de Fujimori no hubiesen sido suficientes, el jefe del comando de personal del ejercito, Alfonso Robledo del Aguila, a través de la hoja de recomendación 003 CP del 10 de agosto de 1991, solicita al entonces comandante general del Ejército, Pedro Villanueva (antecesor de Hermosa Ríos), citando al entonces presidente Fujimori, que los ilustres militares sean considerados, ya no en la lista de asensos del año entrante, 1992 sino del año en curso 1991. Pero además de confirmar una suerte de desesperación del Gobierno por "premiar" a estos militares, añade en el documento que ésta se debe" al especial pedido del Presidente de la República por representar una acción de gran trascendencia nacional con relación a la participación del ejercito en las universidades del país.

Esta semana, agenciaperu.com tuvo acceso al manual elaborado en 1991 por el grupo de agentes militares que conformó el grupo Colina y que, según el ex comandante general del Ejército Nicolás de Bari Hermosa Ríos fue la razón por las que el ex presidente los "premió". Hermosa Ríos, desde su celda, habría manifestado que este manual habría sido la semilla de Colina.

Sin embargo, el manual es en realidad una monografía de 215 páginas donde, en cuatro capítulos, reseña la historia, un congreso, la organización y el lineamiento del partido comunista del Perú - Sendero Luminoso. El documento está complementado por un anexo de 46 páginas donde se publican documentos incautados por personal militar en diferentes operativos.

La historia del PCP - SL repite la interpretación de los lideres senderistas sobre las ideas de Marx y Mao Tse Tung. El congreso es una transcripción literal de un documento redactado por miembros de SL sobre su situación histórica y su estrategia de lucha. Con respecto a la organización y lineamiento, éstos no presentan nombres ni ningún tipo de propuesta de lucha antisubversiva.

Teniendo en cuenta la información de los memorandos publicados por Caretas y Oiga en 1993, ¿cómo interpretar las declaraciones de Hermosa Ríos cuando dice que es éste manual la razón de la felicitación?

El procurador para el caso Montesinos encargado de investigar las violaciones de derechos humanos, Ronald Gamarra, agrega que en 1991 el ex presidente Fujimori propulsó otros actos para reforzar el accionar de este grupo militar, como modificar el reglamento del Servicio de Inteligencia Nacional para que los aparatos de inteligencia dependan directamente del presidente de la República.

Gamarra destaca además, que los ascensos ocurridos en 1991 fueron claves para la formación de una estructura criminal: "Cubas Portal, fue nombrado jefe del departamento de logística del ejercito. Es decir, quien entregó el armamento, los celulares, los vehículos, a la gente del grupo Colina fue el cuñado de Vladimiro Montesinos, puesto por Montesinos. Es decir, de lo que estamos hablando es de un plan criminal. No puede hablarse de cosas tomadas de forma separada o diferente. Estamos hablando de la concepción de una organización criminal destinada a cometer un plan sistemático de violación de derechos humanos".

Pocos meses después de haber sido "premiados", este grupo de militares cometió los

Ante el vocal supremo instructor José Luis Lecaros, Martin Rivas aseveró que "así tenga que pudrirme en la cárcel, no haré una falsa imputación contra el ex presidente Fujimori".

De la misma forma, dijo no conocer personalmente al ex mandatario.

"Sólo lo he visto por la televisión", dijo, tras afirmar que nunca trató directamente ni tuvo reuniones con él.

En su declaración testimonial ante el vocal Lecaros, quien investiga a Fujimori por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, el detenido ex militar aseveró que nunca trabajó para Vladimiro Montesinos, por lo cual no pudo recibir órdenes del oscuro personaje.

De otro lado, la Policía Judicial capturó esta mañana a Hércules Gómez Casanova, sindicado como un ex agente del sangriento grupo Colina.

Gómez es un ex agente del Servicio de Inteligencia del Ejército, involucrado en la desaparición y muerte del periodista Pedro Yauri, ocurrida en la ciudad de Huacho, el año 1992.

Además, es procesado en el Segundo Juzgado Anticorrupción por el delito de homicidio calificado,

Hércules Gómez, intervenido por los efectivos policiales en el distrito de Barranco, se encuentra actualmente en la sede de la Policía Judicial, ubicada en el centro de Lima.

Se espera que en las próximas horas sea puesto a disposición de la jueza del Segundo Juzgado Anticorrupción, Jimena Cayo

Martin Rivas:...El Estado expresa la función de inteligencia, pero ya no orientados al espionaje sino a la búsqueda de información al interior del país. A su vez, la comprensión del problema terrorista, qué cosa significaba, qué ideología tenía, cuál era su metodología. Allí comienzan a formarse nuevos grupos. A alguno de esos equipos de inteligencia tuve el honor de pertenecer y tuve el privilegio de dirigir durante los años más duros de la guerra. Estamos hablando del año 87, 88. Ninguno de estos grupos tiene nombre, todo grupo de inteligencia desde el momento que nace es clandestino. Es muy distinto a las unidades operativas. Cuando se forma un batallón, sale una resolución suprema (...) Es como cuando nace una criatura con su partida de nacimiento. En Inteligencia no, pues. Las unidades de inteligencias no son eternas. Cumplen un objetivo, se termina el objetivo y se termina la conformación de la unidad

-Umberto Jara: ¿y cómo se identifican internamente?

-Martin Rivas: Aun dentro la misma inteligencia se trata que también sea secreto. En la medida de las posibilidades, es un grupo que se forma para sólo una vez o de repente puede durar un día, terminada la misión todos regresan a sus bases habituales.

-Umberto Jara: En el momento que se reúnen para esa misión no tienen ningún nombre, cómo se les identifica, por ejemplo a los jefes encargados. ¿Cómo saben qué tipo de operación tienen?

-Martin Rivas: No, para nada. Se realiza un planeamiento. Se hace la exposición claramente y no existen documentos. Se nombra a un responsable para que haga el trabajo. El recibe una misión de acuerdo a la importancia, él tiene que hacer una exposición, un planeamiento frío que después resume y recoge todas las inquietudes necesarias. El escoge a su personal, todos sus medios, pide el apoyo logístico de dinero y ejecuta su labor.

-Umberto Jara: ¿Y ese apoyo lo pide por escrito?

-Martin Rivas: No, tampoco.

-Umberto Jara: ¿Por qué no?

-Martin Rivas: Porque en el momento en que lo tiene por escrito, si uno pudiera y los exigiera por escrito, el que tiene que autorizar la labor estaría infringiendo la ley. No sólo infringe la ley el jefe que ordena, sino que la responsabilidad llegaría hasta el presidente de la República. Y para no infringir la ley no se realiza ningún documento. Pero eso no es novedad, eso se hace en todo el mundo. Acaso encontraron planes de la CIA para derrocar un gobierno. Nunca. De acuerdo a informes, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín la CIA ha eliminado, mejor utilicemos un nombre técnico, ha neutralizado más o menos 40 mil agentes extranjeros, pero no van a encontrar un solo documento que diga: el Departamento de Estado autoriza que la CIA elimine a agentes soviéticos. Una vez nada más tuvieron un error (....) que derivó en el asesinato de Kennedy, a medida de que existieron esos documentos fue que en 1968 se armó el gran escándalo en Norteamérica. EEUU perfeccionó el sistema y de allí nunca más... (corte)-Martin Rivas: ...En el Perú siempre ha sido así. El problema fue que por razones políticas, difíciles de explicar, un sector del periodismo empezó a hacer indagaciones un tanto extensa y determinó y le puso un nombre al grupo y cómo existía un oficial...

-Umberto Jara: ¿Ustedes no tenían una denominación informal entre el grupo?

-Martin Rivas: No, y por una sencilla razón, porque yo recibía docenas de informes de agentes infiltrados que nunca conocí y tampoco conozco. Sólo me comuniqué por teléfono y por escrito. Había diferentes grupos en distintas zonas del país. Cómo teníamos que denominarlos, qué nombre podría darles. No es tan simple, como un grupo terrorista armado, una compañía, un batallón. La labor de Inteligencia es diferente, es silenciosa, es clandestina. Recibíamos informaciones importantes de acciones subversivas, planes subversivos, para tomar las medidas adecuadas. De eso se informaba a las unidades operativas del EP. En 1990 y 91 cuando ya estaba Fujimori sucedió la muerte del oficial Colina y por eso nos reunimos ante su tumba y juramos vengarlo. El capitán Colina murió en 1984. Hay siete años de diferencia...

Nos inspiramos en la película Siete vidas y un destino donde un grupo de comandos llora la muerte de su líder y juran vengarlo.

Yauri tenía 33 años cuando fue secuestrado la madrugada del 24 de junio de 1992. Lo sacaron a viva fuerza de su vivienda, en Huacho, y ese mismo día lo mataron cruelmente.

Por versión de dos testigos que vienen colaborando en la investigación judicial, se sabe que el comando ejecutor fue dirigido por el ex mayor EP Santiago Martin Rivas.

Los informantes han asegurado a la jueza Jimena Cayo que el periodista fue brutalmente golpeado y obligado a cavar su propia tumba.

A parte de Rivas y los dos ex suboficiales antes mencionados, son procesados por el mismo caso otros 40 militares.

Figuran entre ellos el ex jefe del Comando Conjunto de las FF.AA. Nicolás Hermoza Ríos, así como el general (r) Juan Rivero Lazo, quien tenía a su cargo la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE).

En igual situación se encuentran el ex mayor Carlos Pichilingue Guevara (prófugo), y los subalternos de la misma institución castrense Hugo Coral Goycochea, Jesús Antonio Sosa Saavedra, Julio Chuqui Aguirre, Víctor Silva Mendoza, Fernando Lecca Sequén y Jorge Ortiz Manta, entre otros.

El joven periodista dirigía el programa crítico "Punto Final" que se emitía diariamente en Radio Universal. Era una especie de micrófono abierto en el cual los pobladores realizaban llamadas para expresar libremente sus ideas contra el régimen dictatorial.

Efectivos de la Policía Judicial apresaron a Hércules Gómez Casanova a las 8.30 de la mañana en Barranco. Su captura fue dispuesta el 20 de setiembre pasado por la jueza Jimena Cayo, titular del Segundo Juzgado Anticorrupción. Portavoces judiciales revelaron que horas antes el otro inculpado, Julio Hernán Ramos Alvarez, se puso a derecho. Acudió con su abogado al despacho de la referida magistrada.

La doctora Cayo interrogó ayer por separado a los dos. Tras tomarles sus generales de ley, programó para la próxima semana las correspondientes instructivas.

Gómez Casanova fue recluido en horas de la noche en la carceleta del Palacio de Justicia. La jueza dispuso que Ramos Alvarez -por ponerse a derecho- sólo cumpla arresto domiciliario.

De acuerdo con el expediente que ha pasado por manos de la jueza del 5to. Juzgado Especial, Victoria Sánchez, y que ahora esta a cargo de la titular del Segundo Juzgado Anticorrupción, los ex militares habrían participado también en la desaparición de 9 campesinos en la provincia del Santa, Ancash. La madrugada del 2 de mayo de 1993 fueron secuestrados Jesús Noriega Ríos, Gilmer León Velásquez, Denis Castillo Chávez, Federico Coquis Vásquez, Pedro Pablo Gonzales, los hermanos Roberto y Carlos Barrientos Velásquez y Carlos y Jorge Tarasona More. Nunca se supo más de ellos. El 22 de setiembre pasado el caso fue reabierto, tras encontrarse en los archivos del SIN documentación secreta relacionada con las desapariciones

Hay una relación de oficiales que estaban de jefe de base. Yo no estaba de jefe de base en la Universidad La Cantuta. Toda la vida se confundieron en torno a mí.

No, no lo que pasa es que no lo han investigado.

No, por eso te digo, yo estaba en el cuartel La Pólvora, de la División de Fuerzas Especiales.

Mira, te voy a explicar algo que toda la vida vivieron confundidos y no sé por qué nunca lo dijeron. Había un jefe de base en la Universidad La Cantuta, ese jefe de base que salió sentenciado era el teniente Velarde Astete, que le dieron un año, es un teniente que es un año más antiguo que yo.

Efectivamente, por eso te estoy diciendo, yo había sido jefe de base de La Cantuta cuatro meses antes de que sucedieran los hechos, por qué, porque los jefes de base rotaban cada dos meses.

Por eso te digo Jerónimo, eso es una completa estupidez, porque es tan fácil agarrar y decirles 'miren, este es el teniente Portella, este es su foto, muéstrenle a toda la Universidad y dígale que fecha estuvo él' y te van a decir, cuatro meses antes.

Por supuesto.

Mira si yo no me he presentado anteriormente es porque he visto cada cosa, hermano.

Así es no me presenté justamente por lo que esta pasando ahora. Mira, hay cosas que yo te podría decir de manera personal, me imagino que lo estas grabando y no tengo ningún problema en eso...

Mira, es muy simple, en el Ejército existen relaciones de oficiales donde estuvieron o donde están destacados. Yo no te estoy hablando que esa noche no estuvo pero si la anterior, hacia tres meses que no estaba...

En el cuartel La Pólvora, y puedo probarlo.

Efectivamente, existen registros.

Mire, si usted va donde el rector, y le dice quien estuvo de jefe de base y muéstrele mi foto.

Por eso te digo, todo eso responde a una confusión, a una gran confusión y te doy un dato, anda, llámalo a los profesores, anda donde el rector y dile este es el señor y te van a decir que no.

Para nada, ha habido una confusión, yo no era el famoso teniente Medina, miren mi firma...

No.

El jefe de base de ese entonces, y por eso yo no puedo entender como han sido tan estúpidos de tanto tiempo seguir con esto.

Si, yo no me he presentado anteriormente ha sido porque en cierta forma yo no veía la seguridad de las cosas. Que es lo mismo que estoy viendo ahora, y si te estoy llamando, es la primera vez que hablo con alguien, nunca jamás hablé con nadie en absoluto, así como ahora que tu has ido a la oficina, han ido muchas personas, jamás hablé con nadie, para mí como oficial, como persona, en estos momentos veía como estaba la situación, decía esto puede ser un juego que está prestando a algo que están haciendo....

Por mi, esa gente no valía pero nada, eso por mi, y te lo digo honestamente, pero eso no tiene nada que ver con los hechos.

Es más, cuando se hace la sentencia ahí figura quien es el jefe de base. Mi hermana te va a enviar la sentencia, para que veas que si fui sentenciado.

Si yo no he hablado es porque yo he visto muchísimas cosas... Te voy a dar un comentario, cuando yo era subteniente, el director de la División de Fuerzas Especiales, en la época de Alan García nos reúne y nos dice: 'señores, Sendero Luminoso está creciendo terriblemente, prácticamente van a tomar Lima, la cosa está difícil, bombas por todos lados, entonces a quien que tiene conocimiento de alguien o de algo y cree que lo debe de hacer, haga lo que crea conveniente, eso si lo pescan, asuma las consecuencias'. ¡Que tal concha!, a ti te preparan para decirte, 'nosotros no podemos ensuciarnos las manos, así que haga lo que pueda'. Yo he combatido mucho al terrorismo.

Habían oficiales que decían 'pucha, hermano dan ganas de hacer algo, pero no pero nadie te podía respaldar con leyes'.

Imposible.

No me he reunido. Lo conozco, es un oficial al cual le tengo bastante respeto, es un oficial de Inteligencia que dentro del ámbito militar es muy respetado, te lo digo así, quizás sea muy contradictorio por las cosas que se hablan, pero lo he conocido de hola y nada más.

Bueno, qué pienso desde que punto de vista, como ciudadano, que si realmente sucedieron los hechos, no lo lamento, se que van a salir los famosos moralistas, a decir como puede ser o se esta incriminando, pero no, yo tenia información de quienes eran y era gente que francamente le hacia mucho daño al país.

Completamente, completamente.

No, de ninguna manera, y concretamente era la información que tenia, pero no era Inteligencia.

No, mucho antes, como te digo, tres o cuatro meses antes. Por eso te digo se puede prestas.

Claro, se puede prestar a eso, una cosa es un oficial de arma y otro de Inteligencia.

Es que esa información, como yo no soy oficial de Inteligencia, no me compete, no soy el canal, para eso me imagino que deben de haber gente del SIN, no del batallón de infantería.