Otra de las candidatas al Congreso que arribó a Huacho fue la actual congresista Gloria Helfer Palacios, quien reivindicó la dignidad de los maestros peruanos, pisoteada por el fenecido régimen fujimorista. "El anterior gobierno se jactó de haber construido muchas escuelas, pero el ladrillo no educa, sino el maestro. Cada escuela en el Perú debe ser un centro de aprendizaje, pero también un centro de salud y un centro de nutrición", subrayó ante sus simpatizantes .

Le piden que regrese al Perú y enfrente a la justicia

Un grupo de intelectuales japoneses y activistas de organizaciones de derechos humanos, cuestionó hoy la protección oficial que ofrece Japón al depuesto presidente peruano Alberto Fujimori y pidió que el ex mandatario regrese a enfrentarse a la justicia de su país. En un simposio titulado «¿Qué ocurrió en el Perú?», los ponentes explicaron su visión de la situación actual del país andino y concluyeron que tanto las presuntas mejoras económicas de Fujimori como su alto índice de aceptación popular «son mitos» cuya realidad debe conocer la sociedad japonesa. La profesora Masako Goto, de la Universidad de Kanagawa, explicó ante una audiencia de casi 200 personas que las altas cifras de crecimiento económico en Perú durante los 10 años del gobierno de Fujimori, se centraron en los sectores financiero y de construcción, mientras que una gran parte de la clase media pasó a engrosar las filas de los pobres. Chihiro Ito, autor de ensayos y periodista del diario liberal «Asahi», dijo que los lazos de sangre del ex mandatario con Japón no deben impedir que se haga justicia. Cuestionó además cómo, sin existir una ley de extradición entre Perú y Japón, Fujimori entregó a Tokio una militante japonesa del Ejército Rojo en 1996, en una «interpretación política de la ley». El especialista en Política Latinoamericana de la Facultad de Leyes de la Universidad de Tokio, Kazuo Ogushi, advirtió que aunque muchas de las denuncias contra el ex presidente deben aún ser comprobadas, la cancillería japonesa tendrá que «abrir los ojos» cuanto antes o arriesgarse a terminar siendo «cómplice» de Fujimori. EFE

El 13 de mayo de 1988, una columna armada de Sendero Luminoso tendió una emboscada a un convoy militar del Ejército peruano en Erusco, anexo del distrito de Cayara de la provincia de Víctor Fajardo, en el departamento de Ayacucho. En el combate perdieron la vida un capitán del Ejército y tres soldados. Cuatro senderistas también murieron en la acción.

Un día después, 180 soldados del Ejército ingresaron al poblado de Cayara y asesinaron al primer habitante que se encontraron en su camino cuyo nombre era Esteban Asto. Registraron las casas, incendiaron algunas y tomaron la municipalidad. Llegaron hasta la iglesia del pueblo y fusilaron a cinco hombres que se encontraban en la iglesia desarmando un tablado.

Continuando con su macabro acto, asesinaron a cerca de cien personas separando a algunas mujeres y niños. Para matarlos utilizaron cuchillos, machetes, bayonetas e instrumentos de labranza. A los que no morían se les remataba con un balazo en la sien.

Luego, el comando político militar de la zona, al mando del general Luis Valdivia Dueñas, denunció la emboscada del día 13 de mayo ante el fiscal de la provincia de Cangallo y Huancapi afirmando que en la emboscada habían participado cerca de cien subversivos de la provincia de Cayara y otros pueblos cercanos.

En el Congreso se creó la comisión investigadora encabezada por el senador aprista Carlos Enrique Melgar. Dicha comisión era integrada también por los parlamentarios Javier Diez Canseco y Gustavo Mohme Llona. El informe Melgar, presentado el 9 de mayo de 1989, absolvió de toda responsabilidad al genecal Luis Valdivia Dueñas así como al resto de militares implicados en el caso.

Cuando una testigo logró identificar a un familiar asesinado brutalmente en Cayara, Melgar pidió que esa diligencia sea declarada nula, pedido que fue rechazado por la Sala Penal de Ayacucho quien ordenó una nueva diligencia.

El fiscal Carlos Escobar, quien fuera premiado luego por diversas organizaciones defensoras de derechos humanos internacionales, logró reunir los testimonios de campesinos sobrevivientes a los que a duras penas logró investigar ya que los militares y las autoridades del Ministerio Público le ponían trabas.

Meses después, los cuerpos fueron hallados en fosas comunes. Los posteriores exámenes forenses comprobaron que los campesinos fueron asesinados salvajemente y no en un enfrentamiento como argumentaban los militares.

Cuando Carlos Escobar estaba a punto de cerrar la invesúgación y denunciar a los responsables, fue cesado del cargo con el pretexto de que no había dinero para continuar con las investigaciones, cosa que era falsa porque se le comisionó para investigar las desapariciones en la selva donde se gastaba lo mismo que en Cayara.

En su reemplazó se designó a un nuevo fiscal que en menos de un mes resolvió que no había pruebas suficientes y archivó la denuncia.

Christian Capuñay

Corría el año 1988 y el país era gobernado por Alan García Pérez. El 14 de mayo de ese año un grupo de militares, al mando del general Luis Valdivia Dueñas, asesinaron salvajemente a campesinos de la provincia de Cayara, en Ayacucho, en venganza por una emboscada que sufrieron a manos de terroristas de Sendero Luminoso y en la que perdieron la vida cuatro miembros del Ejército Peruano.

Cuando la denuncia fue hecha pública, el entonces fiscal Carlos Escobar tomó la investigación a su cargo y se topó con una serie de obstáculos que al final lograron que los autores intelectuales y materiales de la masacre así como los asesinatos de los testigos claves, quedaran impunes.

A más de trece años de los hechos, Carlos Escobar -ahora dedicado a la defensa de los Derechos Humanos- narra cómo, desde el Ejército, el Congreso y el Ministerio Público se impidió la investigación y revela cómo una versión de un testigo de primera mano, compromete directamente al presidente de la República de ese entonces, Alan García Pérez, en el ocultamiento de las pruebas.

¿Qué pasó en esa reunión que sostuvo con Alan García el 22 de mayo de 1988?

- Cuando yo estaba investigando en Ayacucho, el presidente Alan García viajó a esa zona y solicitó una reunión conmigo en el hotel de turistas. En una habitación del segundo piso nos reunimos. Allí cometí el error de informarle sobre las pruebas e indicios que yo había logrado reunir en el transcurso de la investigación. Le dije que los cuerpos encontrados tenían huellas de haber sido asesinados con cuchillos, machetes, etc. Y no con balas como decía el Ejército, por eso pedí que vinieran médicos de Lima para certificar la causa de la muerte.

¿Qué pasó después?

- Los médicos no llegaron a tiempo y los cadáveres fueron removidos del sitio dónde fueron encontrados.

¿Cómo relaciona este hecho con el ex presidente García?

- Más adelante, cuando yo ya había dejado la investigación me encontré con el coronel Rafael Córdova, quien era el segundo de Luis Valdivia Dueñas en la zona de Ayacucho. El me narró que inmediatamente después de terminada la reunión que tuvimos, García ordenó viajar a Cayara en helicóptero y ordenó que los cadáveres de las fosas encontradas fueran removidos de su sitio y que borraran las huellas de sangre de la iglesia donde asesinaron a varios campesinos.

¿Por qué no denunció este hecho?

- Cuando obtuve esta versión la llevé a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lamentablemente la Corte no se pronunció sobre el fondo del caso.

Escobar manifestó que durante todo el proceso de investigación pudo comprobar la forma en que se trató de encubrir el caso para no sancionar a los responsables. "Había una desesperación por evitar que se sepa la verdad" señala. "Incluso a pesar de todos los pedidos que hicimos para darle garantía a los testigos que habían aceptado declarar, nunca se procedió a hacerlo, hecho que permitió que los testigos fueran asesinados". El ex fiscal asegura que los pedidos de garantía para la vida de los testigos los hizo llegar al propio Fiscal de la Nación de ese entonces, Hugo Denegri quien no procedió a aceptar la petición.

"Eso ocurrió con uno de los testigos presenciales, Martha Crisóstomo, quien logró identificar el cadáver de su tía y para quien yo pedí ante el fiscal de la Nación que la saquen de la zona porque su vida corría peligro. Sin embargo, esto no se hizo y esta persona fue asesinada, lo cual puede ocasionar que una nueva investigación termine responsabilizando por comisión por omisión", indicó.

Sostuvo además que los peritos que practicaban los exámenes a los restos humanos hallados en Cayara no decían la verdad en sus informes y trataban de ocultar la verdad dictaminando falsamente con la intención de encubrir el hecho.

Asimismo, Escobar confirma que ya desde el gobierno aprista, el prófugo ex asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos controlaba al fiscal de la Nación y que su intervención pudo ser decisiva para conseguir que el crimen quedara impune.

En uno de los últimos vladivídeos, Montesinos cuenta cómo Luis Valdivia Dueñas le pide ayuda para solucionar el problema en que estaba envuelto.

¿A usted le consta su intervención?

- El general Jaime Salinas Sedó ha declarado que Montesinos era el abogado de Valdivia y todo el mundo sabía que este individuo asesoraba al Fiscal de la Nación Hugo Denegri, por lo que tenía toda la información necesaria. Incluso en una oportunidad yo dejé información sobre las investigaciones al secretario del fiscal Denegri, de apellido Rodas. Más adelante ingreso al despacho de Rodas y me encuentro con Montesinos que estaba revisando el expediente y la información que dejé como si nada, incluso fotocopió lo que yo había dejado. Cuando me quejé con Rodas de ese hecho me dijo que todo era una orden del fiscal.

El Congreso no fue ajeno a la obstaculización que padeció durante toda la investigación. La comisión parlamentaria que investigó el caso, encabezada por Carlos Enrique Melgar y que era integrada en su mayoría por senadores apristas, cuestionó la investigación realizada por Escobar y en su informe en mayoría terminó absolviendo de toda responsabilidad a los militares implicados en los asesinatos.

Escobar denunció un hecho sumamente grave y que la comisión de la verdad próxima a instalarse deberá investigar a Fondo.

El senador Carlos Enrique Melgar solicitó copias de los avances de la investigación. Yo se la envíe al Fiscal de la Nación para que éste a su vez la trasladara al senador Melgar. Días después tres testigos importantes, cuyos nombres se encontraban en la información que remití, desaparecieron extrañamente.

¿A quiénes iba a denunciar?

- Cuando presenté el informe denunciando los hechos y diciendo que iba a denunciar a Valdivia, abruptamente se me sacó del cargo argumentando que no había dinero para continuar con las investigaciones, cosa que es falsa. Nunca vi un caso en el que hubiera tantas pruebas del delito pero no se sancionó a nadie.

¿Piensa que una nueva investigación debería ampliarse al ex presidente García y a Denegri?

- Creo que sí y creo que la Comisión de la Verdad que se creará debe jugar un papel importantísimo.

¿Estaría dispuesto a integrarla en caso se lo pidan?

- Para mí sería un honor integrar esa comisión.

Gobernador pide obras para sacar del atraso a su olvidada localidad ayacuchana

El gobernador del distrito ayacuchano Cayara, Crispín Flores, exigió el esclarecimiento de la matanza ocurrida el 14 de mayo de 1988 para "que la justicia caiga sobre los autores de esa bárbara masacre y la paz del espíritu vuelva a nosotros".

Flores manifestó que la población de esa localidad está afectada emocionalmente, como si la matanza hubiera ocurrido ayer. "El miedo, la pena, la rabia todavía son sentimientos que nos afligen", expresó.

En la masacre, cuya autoría se asigna a un destacamento del Ejército que operaba en la zona con el fin de combatir a la subversión, murieron cerca de treinta campesinos humildes.

Hombres y mujeres, ancianos y niños fueron brutalmente asesinados a machetazos y desaparecidos, en un acto de barbarie que conmocionó al país.

Acompañados de sus autoridades, sobrevivientes de esa tragedia y familiares de las víctimas, de Cayara y otras localidades de Ayacucho, llegaron hace algunos días a Lima no sólo para reclamar justicia por ese execrable crimen, sino también para demandar una serie de obras para su pueblo olvidado por los gobiernos.

Agustina Llaclla, de 69 años de edad, dice que no ha olvidado a su marido Jacinto y a su hija Saturnina muertos en aquella orgía de sangre desatada por un grupo de malos militares.

"Los recuerdo todos los días y rezo por sus almas", dice, entre su quechua nativo y en español.

El gobernador Flores refirió que a raíz de la matanza, el pueblo entero de Cayara quedó virtualmente aplastado y casi al borde de la extinción.

"Murieron muchos a raíz de la matanza y de otros posteriores hechos sangrientos. Después se produjo una masiva emigración. Cientos, miles se fueron a otros departamentos, huyendo de la violencia".

Dijo que cuando ocurrió la masacre, Cayara tenía unos cinco mil pobladores. Ahora sólo quedan unos 1,800.

Flores pidió, en primer término, el esclarecimiento de aquel suceso sangriento para castigar a sus autores y, luego, un tratamiento psiquátrico a los sobrevivientes del mismo y de los familiares de las víctimas.

Reclamó también una justa indemnización en favor de estos últimos.

Cayara vive "como en la prehistoria", sin los servicios básicos, sin carreteras, con la salud y la educación totalmente desmejoradas.

27 de mayo del 2001

"Nos mezcló a los más audaces con los más sádicos. Santiago Martin Rivas, líder del Grupo Colina.

Escribe Cecilia Valenzuela / agenciaperu.com

Un agente de inteligencia operativo (AIO) que participó como miembro del "Equipo Especial" autodenominado "Grupo Colina" y un oficial que ocupó un alto cargo en el Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) han narrado, personalmente, a agenciaperu.com aspectos de la conformación de este escuadrón de la muerte y del operativo ocurrido en Barrios Altos, en la ciudad de Lima en noviembre de 1991.

Según el AIO, el Grupo Colina fue un grupo de élite formado por decisión del Comando del Ejército. La mayoría de sus integrantes eran suboficiales que habían tenido problemas de toda índole, sobre todo con la justicia militar; desde problemas psiquiátricos hasta problemas penales.

Suboficial Juan Sosa Saavedra (a) "Kerosone" especializado en incinerar los cadáveres de los desaparecidos.

Los líderes del escuadrón de la muerte fueron el jefe del Equipo Especial, el mayor del Ejército Santiago Enrique Martin Rivas y el suboficial Juan Sosa Saavedra, quien según ambas fuentes, durante la década del ochenta, mientras trabajaba en Ayacucho, "se ganó el apelativo de "Kerosene", por ser uno de los técnicos especializados en incinerar los cadáveres de los desaparecidos".

La fiscalía ya ha determinado que el Grupo Colina estuvo formado por 32 hombres y 6 mujeres, entre oficiales y suboficiales. "Martin nos mezcló a los más audaces con los más sádicos y mientras nos reclutó y nos instruyó, nunca nos dijo que íbamos a formar parte de un comando de aniquilamiento" sostiene el agente.

El mayor Martin Rivas ya había ensayado su proyecto de formar un grupo de inteligencia operativo anteriormente. "En 1989 lideró el Grupo Escorpio" recuerda el oficial de Inteligencia. "Escorpio operó fundamentalmente en el Alto Huallaga y operó igual que el Colina, pero sin tanta publicidad porque los muertos eran provincianos que vivían y morían en la zona del narcotráfico".

Las felicitaciones que Martin Rivas recibió por sus estudios doctrinarios sobre Sendero Luminoso, le otorgaron espacio y autoridad dentro del sistema de inteligencia. "Él se sentía superior a los otros oficiales. Trataba a los demás oficiales de rango medio, como él, con cierto desprecio". Su socio y cómplice ejecutor fue otro mayor del Ejército, Carlos Pichilingüe Guevara, quien además había estudiado ingeniería en la Universidad Federico Villarreal.

Según el militar retirado, Martin Rivas estuvo destacado a la DINCOTE entre 1989 y 1990, pero trabajaba con mucha independencia. Allí conoció al coronel Benedicto Jiménez, con quien intercambiaba opiniones regularmente.

Para analizar algunos textos de la doctrina maoísta, Martin Rivas le pedía a un estudiante de Filosofía de La Cantuta, William Tena Jacinto, quien formaba a su vez parte del Grupo Colina y trabajaba como "infiltrado" en esa universidad, que lo apoyara en la lectura y en resumen de los textos de Mao Tse Tung.

En más de una ocasión, el Mayor Martin Rivas y el técnico Tena se reunieron con el senderólogo Raúl González para analizar aspectos de la lucha antisubversiva. "Por lo menos una de las reuniones fue en un restaurante de parrilladas en la plaza San Martin, junto al teatro Colón" asegura el agente.

El militar retirado añade "acaparaba toda la información sobre Sendero Luminoso. Él y el comandante Paucar desarrollaron un manual de doctrina sobre el senderismo que sirvió a muchos oficiales que pelearon contra el terrorismo. En ese momento, Martin Rivas se vinculó con el Comandante Fernando Enrique Rodríguez Zabalbeascoa que pertenecía al SIE y que fue designado para analizar los estudios de doctrina. Más adelante, Rodríguez hizo de mensajero entre Martin y Montesinos, porque ocupaba el puesto número dos en la Dirección de Inteligencia del Ejército. "

Martin hizo carne (sacó provecho) de los documentos y se volvió pedante, porque los generales asistían a sus conferencias y lo escuchaban. Entonces propuso la formación de un grupo especial al que definió como una necesidad histórica", refiere el oficial.

En agosto de 1991, en el discurso de inauguración del Equipo Especial que después se autodenominó Grupo Colina. "Martin Rivas nos dijo a todo el grupo, en el que habíamos 32 varones y 6 mujeres, que nuestra formación era una necesidad histórica. En esa ceremonia estuvieron sólo dos oficiales: Santiago Martin Rivas y Carlos Pichilingüe Guevara. Después festejamos en un restaurante de Barranco que está cerca del óvalo Balta. El oficial que llegó al final para pagar la cuenta fue el Coronel de la DINTE, Fernando Enrique Rodríguez Zabalbeascoa, desde ese momento el Grupo comenzó a reunirse en el garaje de mecánica del SIN" afirma el AIO. "El mayor Martin nos dijo que nuestro grupo había sido formado por un decisión de la alta dirección del gobierno y que nuestro Equipo respondía directamente al Presidente de la República, al Comandante General del Ejercito y a los dos asesores del Presidente, su hermano Santiago Fujimori y el doctor Vladimiro Montesinos" refiere el agente.

"De lo que estamos seguros es que nuestro grupo especial fue parte de la estructura del Ejercito, nosotros nunca fuimos clandestinos, trabajábamos en las instalaciones del SIN. La única advertencia que se nos hizo fue que no debíamos pisar la Dirección de la DINTE y si éramos heridos tampoco debíamos ir al Hospital Militar Central, por eso nos aseguraron en Cruz Verde y esos gastos deben estar en la contabilidad de la Institución. Ahora no pueden negarnos. Nunca fuimos clandestinos, fuimos un grupo encubierto, secreto" reclama el agente.

Según el AIO a todos los integrantes del Equipo Especial les entregaron una Libreta Electoral. "Desde ese momento debíamos justificar ante nuestras familias que nos encontrábamos en misión especial y que por eso podíamos trabajar hasta 24 horas seguidas fuera de casa. Además todos teníamos un beeper y Martin Rivas tenía un celular, en esa época, en 1991, los celulares eran un lujo" refiere.

"Mientras estábamos en el taller de mecánica del SIN, Martin formó tres equipos, los jefes fueron los técnicos Juan Sosa Saavedra, Julio Chuqui Aguirre y Pedro Suppo Sánchez. Los tres equipos dependían de una central y los jefes de equipo tenían asignado un auto y una radio Motorola para su uso personal. Además, cada uno administraba cinco autos y seis motocicletas, inicialmente los contactos entre nosotros los realizábamos en la calle, pero las reuniones de emergencia eran en el garaje del SIN, aunque en el garaje trabajaban el Loco Marco Flores Alban, Maflo, y Juan Pampa Quilla, ellos sí cumplían un horario dentro del SIN. El loco era un escucha (una técnico de comunicaciones) y es el mismo que aparece en la fotografía que la agente Luisa Zanata mostró para denunciar la interceptación telefónica" confirma.

Aparte del sueldo que tenían asignado, los miembros del Grupo Colina recibían 150 dólares semanales como bonificación. "Hacia el mes de septiembre de 1991, no recuerdo bien la fecha, puede ser los primeros días de octubre, comenzamos a entrenar en la playa de La Tiza que es de propiedad del Ejercito y que está ubicada en el sur" recuerda el agente. "En ese entonces Martin Rivas se volvió tan pedante, que cuando era cumpleaños de alguien importante le mandaba un saludo de felicitación a nombre del grupo" agrega el oficial.

"En La Tiza el entrenamiento fue duro, cada uno tenía una bolsa de dormir. El encargado de la parte logística era Juan Pampa Quilla, un abogado que trabajaba para el SIE y que había trabajado anteriormente infiltrado entre la organización de Abogados Democráticos - los abogados que defendían a los presos de Sendero-. Pampa Quilla fue abaleado en un operativo policial, confundido como un auténtico abogado democrático en los ochentas. Sobrevivió pero quedó aterrorizado. Desde entonces se refugió dentro de Institución, pero como sabía mucho sobre la organización, Martin lo reclutó".

"Los explosivos estaban a cargo del mayor Martin Rivas y a cada uno nos entregaron una ametralladora HK con silenciador al que nosotros llamábamos la muda. Además cada equipo tenía tres fusiles G3 por sí eran necesarios" refiere la fuente.

"En el entrenamiento en la Tiza también discutíamos temas ideológicos, Martin era el maestro, a veces decía: Nosotros somos los últimos románticos del Ejército, ya no hay quien entregue la vida por su institución, el que no pertenece a este equipo no tiene honor". Por las mañana el entrenamiento físico era muy duro. "El grupo se movía , por equipos, a nivel nacional y por eso la disciplina debía ser muy rigurosa" dice el agente.

"La tarde de un sábado" recuerda la fuente "el coronel Rodríguez Zabalbeascoa llegó a la playa: Kike, le dijo a Martin, un partidito y un cebiche. No, respondió Martin, la gente está para otra cosa".

"Practicábamos día y noche, por la noche practicábamos dominación de inmuebles, en la playa de la Tiza nos habían habilitado un inmueble preconstruido, esas faenas eran severas y constantes" refiere.

LA OPERACIÓN DE LA CALLE HUANTA

"Barrios Altos fue nuestra primera acción como Equipo Especial. Martin recibió la información de un agente que estaba infiltrado en una de las organizaciones de Sendero. No sé si era su nombre o su seudónimo pero le llamaban "Béjar". Él fue quien avisó que un grupo del SL haría una pollada para encubrir una reunión de coordinación del partido en la calle Huanta, en Barrios Altos".

"Martin nos reúne y nos habla: ha llegado la prueba, nos dice. Selecciona a la gente para cada puesto. Sosa y Martin Rivas hicieron el planeamiento. Sosa insistió en que Pichilingüe debía dejar de ser virgen. Nunca había estado en una operación de aniquilamiento."

"Decidieron que cuatro de nosotros, dos hombres y dos mujeres, debían llegar e infiltrarse como estudiantes a la pollada. Allí debían encontrarse con "Béjar" aproximadamente a las tres y treinta de la tarde".Los encargados del operativo se desplazarían en tres camionetas Cherokees, anunció Martin. En cada una debían ir cuatro personas. Los que formaron el grupo de aniquilamiento fueron nueve, los mayores Martin Rivas y Pichilingüe Guevara y los técnicos Sosa Saavedra , Chuqui Aguirre, El "Ococho" Hugo Coral Goycochea, el "Cholano" Pino Díaz, el "Petete" Nelson Carbajal García, Pedro Supo Sánchez y Pretell Dámaso. Los choferes no debían bajar de las camionetas".

"Todo ocurrió muy rápido, los que ingresaron para la infiltración fueron, Douglas Arteaga Pascual, William Tena, Mariela Barreto y Shirley Rojas Castro. El problema que tuvieron fue que cuando entraron, se encontraron con que en esa misma quinta había dos polladas, una arriba y otra abajo. Además, "Béjar" no se presentó y no había quien identificara la pollada de los senderistas". Martin estaba como loco: gritaba e insultaba a todos. No se pudo identificar cuál de las dos polladas era la de Sendero Luminoso. Pero la orden estaba dada. La hora de la incursión se acercaba. No se podía identificar cuál era la pollada. Martin estaba comunicado con uno de los que estaba adentro y presionaba y presionaba".

"Los primeros que entraron habían tomado licor para no llamar la atención y estaban bailando. Pero Martin presionaba, hasta que los de la pollada del primer piso pusieron una canción de Martina Portocarrero: la Flor de Retama. Nosotros habíamos sido informados que esa canción hacía apología del senderismo".

"Y la orden estaba dada de todas maneras, Martin iba a ejecutar. Era tarde, entonces avisaron y dijeron lo de la música".

"Martin ordenó ¡salgan!, ellos salieron empujando a la vendedora de chicles que estaba en la puerta".

Hay una pausa en el relato. El hombre está llorando.

Continúa. "No hubo discriminación, no se pudo precisar al enemigo, porque "Béjar"no fue y no pudo identificar a los terrucos, si eran los de arriba o los de abajo".

"En Barranco, en otro auto, estaba el coronel Enrique Rodríguez Zabalbeascoa con Marco Flores Albán, que era el especialista en equipos de comunicación, ellos escucharon cómo Martin presionaba". "El equipo de aniquilamiento entró. Todos, menos uno, tenían pasamontañas. El "Petete" (Carbajal García) metió al niño en una habitación, pero no se dio cuenta que había una ventana encima de la puerta que estaba abierta. Por ahí se salió el chico y se abrazó de su papá. No se pudo hacer nada, "Petete" tuvo que disparar".

"Cuando todo terminó se fueron hacia Barranco. Los infiltrados que habían salido primero se fueron hacia la facultad de la San Fernando. Otros fueron al garaje del SIN, allí estaba Pampa Quilla. Pampa dijo vayan a su casa, vayan a dormir, mañana nos reagrupamos todos. Al día siguiente fuimos directo a la playa de La Tiza, los que habían llegado antes estaban borrachos, comiendo. La borrachera duró hasta el martes. El martes llegó el coronel Rodríguez Zabalbeascoa a recoger al mayor Martin. El doctor Montesinos lo había mandado llamar. Martin nos contó que había problemas, que había sido un error haber matado al chiquillo".

Una segunda pausa en el relato. El hombre calla. Se lleva las manos a la cabeza en un gesto de desesperación.

Después de unos minutos, continúa: "pasaron muchas cosas, a Mariela Barreto la mataron en 1997. La mando matar el Doctor (Vladimiro Montesinos) para amedrentar a Martin que estaba resentido y hablando más de la cuenta. El Doctor le dio la orden a Sánchez Noriega, le dijo, tráeme a Pretell, hay un encargo para él. Nosotros sabemos con justicia que él mató a Mariela Barreto por orden del Doctor, la mató para asustar a Martin Rivas, todos comentaron que Martin estaba resentido, quien sabe mas de esto es Haydee Terrazas, ella estuvo en el Colina desde el principio hasta el final. Ahora todos estamos dispersos. A Pretell (Wilmer), lo destacaron nuevamente al SIE, a Sosa Saavedra lo han dado de baja pero entra y sale del SIN como si fuera su casa".

El hombre se agota, calla. Se levanta para partir. ¿Qué ocurrió en La Cantuta?.

"Todos estuvimos en la Cantuta, pero de eso no quiero hablar ahora". Antes de salir del lugar donde conversó con agenciaperu.com dijo:"Busque a Aquilino Portela, ya debe haber regresado al país. Él fue la llave, él fue el teniente que abrió la puerta de la Universidad esa noche, cuando salimos de la playa de la Tiza, los Colinas lo recogimos del cuartel de La Pólvora. Su tropa estaba en La Cantuta en la Base 19. Martin lo recoge y lo lleva en su propia camioneta. El teniente Portela tenía orden de su jefe, el general Luis (Tuto) Pérez Documet, de abrir la puerta. El general Pérez Documet coordinó con Martin y con el doctor Montesinos los detalles del operativo de La Cantuta. El general Pérez Documet era amigo personal de Fujimori, los dos eran miembros de la iglesia Mahikari".

Portela es quien le dice a la subteniente "abran la reja". Por eso entramos. En la misma camioneta estaba el Decano de la Facultad de Biología, estaba con pasamontañas, él sindica al profesor, él le tira dedo, él dice a quien hay que recoger y él es quien dice que a Bertila Lozano la dejen bajar. Después de La Cantuta, el presidente Fujimori premió al general Pérez Documet".

"Nosotros no éramos clandestinos ni paramilitares. El Comandante General, Nicolás Hermoza Ríos, nos ofreció un almuerzo a todo el grupo en el año 1992. Se reunió con nosotros más de una vez y nos felicitó a nombre del Presidente de la República. El presidente Fujimori premió al general Pérez Documet después de la Cantuta. Por eso La Cantuta se pudo hacer con tanta libertad".

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La memoria y la conciencia de los peruanos exigen el esclarecimiento de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y otras violaciones de los Derechos Humanos, perpetrados en los últimos 20 años. Estos actos dejaron miles de deudos en los páramos de la amazonía, las rocas y laderas serranas, los arenales y el duro concreto de la costa.

Ocurrieron en los gobiernos de Fernando Belaúnde Terry (1980-1985), Alan García Pérez (1985-1990) y la década de Alberto Fujimori Fujimori (1990-2000). Frente a este clamor, la creación de la Comisión de la Verdad abre una esperanza para los deudos.

Según informa Francisco Soberón, director de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), existen 4 mil denuncias sobre desapariciones, documentadas, en Defensoría del Pueblo. De éstas, 1200 pertenecen al período belaundista, 1600 al aprista y 1200 de la dictadura fujimorista.

EL GOBIERNO DE BELAÚNDE

El quinquenio de Fernando Belaúnde estuvo marcado por la violencia política desatada por Sendero Luminoso y por la insensatez de algunos jefes militares contra comuneros inocentes y periodistas.

Debe esclarecerse, por ejemplo, lo ocurrido con ocho periodistas en un lúgubre paraje de la comunidad de Iquicha, jurisdicción de Uchuraccay (26 de enero de 1983).

Willy Retto, Jorge Luis Mendívil, Jorge Sedano, Eduardo de la Piniella, Pedro Sánchez, Félix Gavilán, Octavio Infante y Amador García. Fueron abatidos a hachazos y repasados a cuchillo por los comuneros de la zona (por órdenes de los militares) al ser confundidos con senderistas cuando buscaban escribir y retratar la verdad.

La muerte de estos hombres sería el inicio de una época fatal para la prensa nacional. En esa escalada seguirían los periodistas: Orlando Carrera Yépez (Tingo María, 1982), Hilario Alluque (Huancavelica) y Jaime Ayala Sulca (Huanta, 1984); Freddy Mauro Valladares (Huanta), Demetrio Martínez Aliaga (Cerro de Pasco) y Melissa Alfaro (Lima, 1985).

En el mismo gobierno de Belaúnde ocurrirían otros casos. En el año 1983, miembros del destacamento policial de Soccos (Huamanga, Ayacucho) asesinaría a más de 50 personas que participaban de una fiesta matrimonial. Los torturaron acusándolos de ayudar a la subversión. La versión oficial revelaría que en esa escalada solamente murieron 37.

LA ERA GARCÍA

A menos de 15 días del inicio del gobierno de Alan García Pérez, se produciría el primer operativo militar que terminaría en matanza. Corría el 4 de agosto de 1985 cuando en Huanta, luego de la captura del presunto senderista Marcos Laura Jorge (a) "Raúl", fueron detenidas 9 personas y llevadas a la Base Militar de Castropampa para someterlas a interrogatorios y torturas.

Aquí, dos mujeres fueron liberadas y los 7 restantes trasladados a Pucayacu. La atrocidad terminó con la ejecución de los detenidos por orden del teniente De la Cruz Salcedo, quien entregó al suboficial de tercera José Gutiérrez Herrada una pistola ametralladora ordenándole que los matara con dos tiros en la cabeza a cada uno.

Pocos días después, el 14 de agosto, un nuevo operativo militar terminaría en una nueva masacre. Ocurrió en la Comunidad Campesina de San Agustín de Accomarca, distrito de Accomarca, provincia de Vilcashuamán, Ayacucho. Allí serían asesinadas más de 60 personas, incluidos ancianos y niños.

Las versiones que se recogieron tras ese crimen fueron igual de atroces. Se dijo que a las 6 y 30 de la mañana de ese nefasto día, las patrullas del Ejército, una de ellas dirigida por el subteniente del Ejército Telmo Hurtado Hurtado, ingresaron a Llocllapampa. Los asustados pobladores huyeron, pero los militares les dispararon a quemarropa.

Al llegar al poblado mismo, los militares sacaron a viva fuerza a todos los comuneros que estaban escondidos en sus casas con el pretexto de realizar una asamblea. Posteriormente aquéllos fueron llevados a la vivienda de César Gamboa, aunque del grupo se separaron a las mujeres para ser violadas en una acequia.

Una vez en la vivienda de Gamboa, los militares acusaron a los pobladores de terroristas y hacia el mediodía los encerraron e incendiaron la casa con todos los detenidos vivos. Luego dispararon y lanzaron granadas contra la vivienda. Según los pobladores, fueron ejecutados 39 adultos y 23 niños.

Semanas después, y cansado de que al Ejército se le achaque este nuevo crimen, Alan García daría un "balconazo" para declarar que "por hechos individuales no se puede abrir un capítulo de escarnio en contra de las instituciones tutelares".

El 2 de setiembre de 1985, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informaba de un supuesto enfrentamiento entre una patrulla de la Base Contrasubversiva de Cangallo con terroristas ubicados a 1 km. de la localidad de Bellavista-Pompin, así como la incursión en la localidad de "Inca Raccay". Se dijo que habían fallecido 29 subversivos no identificados. Luego se sabría que no hubo ningún enfrentamiento el 2 de setiembre, sino una masacre el 27 de agosto. Ese día patrullas militares incursionaron en ambas comunidades campesinas y, tras reunir a la población, mataron a 63 comuneros, entre ellos 35 menores de edad. Los cadáveres fueron hallados en 10 fosas clandestinas.

Lo ocurrido en Cayara tampoco puede escapar de la memoria de la justicia. El 14 de mayo de 1988, en horas de la mañana, 10 patrullas del Ejército provenientes de Ayacucho, Pampa Cangallo y Huancapi llegaron en helicópteros, camiones y caballos a dicha localidad. Tras asesinar al primer poblador que se les cruzó en su camino, ingresaron a la Iglesia donde asesinaron a 5 personas que se encontraban desarmando un tabladillo. Luego, reunieron al resto de la población y ultimaron con armas blancas entre 28 y 31 hombres, en presencia de las mujeres y niños. En declaraciones públicas, García dijo: "No podemos colocarlos permanentemente (a los militares) en el foco del escándalo o desalentarlos con insultos".

Los crímenes de lesa humanidad denunciados contra Alan García corresponden a la ejecución extrajudicial, primero, de 34 personas (4 de octubre de 1985) presas en el penal de Lurigancho acusadas de pertenencia o vinculación al movimiento terrorista Sendero Luminoso.

Y el otro crimen de estas características ocurrió el 18 y 19 de junio de 1986, y corresponde a la ejecución extrajudicial de 250 personas encarceladas en Lurigancho, el Frontón y Santa Bárbara.

La muerte de periodistas tampoco escapa a este periodo. En la lista figuran 13 personas: Hernán Tenicela Fierro (Huancayo) y Cirilo Oré Enríquez (1987); Hugo Bustíos Saavedra, corresponsal de Caretas (Huanta) y Sixto Silva Sánchez (Tingo María, 1988); Juvenal Farfán Anaya (Ayacucho), Luis Picone (Ica), Manuel Ruiz Iberico (Iquitos), Guillermo López Salazar (Tingo María), Germán Miro Cornejo (Lima), Barbara D'Achille (Huancavelica), Joseph Piescherr, austriaco (Ucayali) y Todd Smith, norteamericano. (Uchiza, 1989), y Mariano Meza Rosales (Huánuco, 1990).

En julio de 1988 aparecería el Comando Rodrigo Franco en Lima, grupo paramilitar vinculado al Apra y a las Fuerzas Armadas cuyo propósito fue acallar las demandas populares y ajusticiar a otros tantos.

Su primera acción fue el 28 de julio con el asesinato de Manuel Febres Flores, abogado del senderista Osmán Morote y miembro prominente de la Asociación de Abogados Democráticos.

FUJIMORI Y SUS CRÍMENES

Durante el gobierno de Alberto Fujimori, los crímenes, torturas y otras violaciones a los derechos humanos continuaron.

Una "pollada" realizada en los Barrios Altos el 3 de noviembre de 1991 terminaría cuando los miembros del denominado Grupo Colina allanaron una casa vieja del jirón Huanta 840, habitada por 29 familias.

Allí fueron acribillados sin compasión el niño javier Ríos de 8 años y 15 personas que no pudieron defenderse. Hubo 4 heridos de extrema gravedad.

El 18 de julio de 1992, un grupo de uniformados con rostros cubiertos ingresaron a la universidad La Cantuta, secuestraron a un grupo de estudiantes y a su profesor y los acribillaron posteriormente.

El crimen fue atribuido desde su inicio al denominado Grupo Colina, comandado por el ex Mayor del Ejército Santiago Martin Rivas.

Posteriormente, en abril de 1997, se reportaría la tortura contra Leonor La Rosa Bustamante y la ejecución sumaria de Mariela Barreto Riofano. Ambas eran agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE).

Su propia institución las acusó de haber filtrado información a la prensa sobre las actividades ilícitas de inteligencia militar. Mariela Barreto fue hallada descuartizada y La Rosa quedó inválida, víctima de electroshocks.

Los periodistas asesinados en este periodo fueron: Luis Morales Ortega (Ayacucho, 1991), Adolfo Isuiza Urquia (Juanjui, 1992) y Pedro Yauri Bustamante (Huacho, 1992), entre otros crímenes contra estudiantes y comuneros.

La decisión de la anterior mayoría oficialista del Congreso de aprobar la Ley de Amnistía No. 2479, llamada "Ley de Impunidad", favoreció a los agentes del Estado (civiles, policías y militares) que fueron procesados o investigados por los crímenes anteriormente detallados, y que ocurrieron desde mayo de 1980 hasta junio de 1995.

Siendo la memoria frágil, más no la historia auténtica, era necesario reseñar lo que padeció el Perú bajo la tutela de Belaúnde, García Pérez y Fujimori. Los deudos y el país entero exigen justicia y la Comisión de la Verdad tiene la palabra.

Mariella Patriau

Ahora que el Perú se dispone a cerrar heridas, enfrentando el pasado a través de una Comisión de la Verdad, es necesario recordar toda la historia, completa y sin censuras. Necesitamos recordar, por ejemplo, que durante los cinco años del gobierno de Alan García, desapareció mucha más gente que durante toda la última década. Aunque parezca increíble, el régimen fujimorista, así de dictatorial como lo recordamos, no derramó tanta sangre como el de Alan García Pérez, en la mitad de tiempo.

La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) ha preparado un informe preliminar acerca de todas las ejecuciones extrajudiciales, masacres en comunidades campesinas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y atentados terroristas, tanto del Estado, como de Sendero Luminoso y del MRTA, registrados entre 1985 y 1990, es decir, durante el quinquenio aprista. Se trata entonces de la deuda que todavía conserva Alan García con el Perú. Deuda impagable, creemos nosotros.

El informe de Aprodeh se inicia con un listado de las principales violaciones a los Derechos Humanos, cometidas por las fuerzas armadas y policiales.

La más conocida de todas es, por supuesto, la bárbara masacre de los penales, ocurrida el l8 de junio de 1986. Mientras en Lima se desarrollaba la Conferencia Mundial de la Internacional Socialista, los internos de Sendero Luminoso iniciaron, en forma coordinada, un motín en el Pabellón Azul de la isla penal de El Frontón, en el Pabellón Industrial del penal de San Pedro (Lurigancho) y en el penal de mujeres Santa Bárbara, del Callao.

"Los amotinados presentaron varias demandas -explica el informe-, siendo la principal el temor de un intento de genocidio, bajo el pretexto de un traslado a una prisión de alta seguridad y régimen estricto en Canto Grande".

Cuando el entonces ministro del Interior, Agustín Mantilla, llegó al penal de El Frontón, lo hizo manifestando que lo hacía por orden del Presidente de la República.

"El viceministro ordenó la suspensión del diálogo con los internos -continúa el documento-, pese a la protesta de las autoridades judiciales. El director del penal protestó ante el jefe del servicio penitenciario, pero recibió como única respuesta que era orden del Presidente de la República. A las cuatro y treinta minutos de la tarde, el juez, el fiscal y las autoridades penitenciarias fueron llevados a las oficinas administrativas, donde permanecieron encerrados hasta las once de la noche. Poco después se inició el asalto, por parte de las fuerzas especiales de la Marina de Guerra, en el que murieron tres infantes de Marina, resultaron heridos otros 20 y fallecieron al menos ciento diecinueve internos, la mayor parte de ellos torturados y posteriormente ejecutados".

Aprodeh señala además que se registró un gran número de desaparecidos. Según las declaraciones de los sobrevivientes, los presos fueron seleccionados y llevados a una zona de la isla llamada "Los Baños", desde donde llegaban, a lo lejos, los disparos. La edificación del penal fue demolida, con la clara intención de deshacerse de las pruebas, al concluir el operativo. En San Pedro y Santa Bárbara se vivieron situaciones similares, con la Guardia Republicana y la Fuerza Aérea del Perú, respectivamente. "En el primero no quedó ningún sobreviviente -señala el informe de Aprodeh-, pues todos fueron ejecutados luego de su rendimiento. En el segundo, fallecieron dos personas".

Otros casos especialmente dramáticos han sido incluidos en este documento preliminar. La lista de nombres es bastante larga, pero podemos mencionar a Robinson Martín Silva Mori, un dirigente estudiantil de la Universidad de Huacho, asesinado en su casa, por efectivos de la Guardia Civil, en agosto de 1987. José Ignacio Garnelo Escobar, detenido en 1987, luego de un atentado terrorista en San Martín de Porres. "Lo llevaron con rumbo desconocido para torturarlo: sus pies y manos presentaban quemaduras, sus antebrazos y cara huellas de golpes y rastros de ataduras en sus muñecas. Luego fue asesinado con un disparo en la sien, a corta distancia", detalla el informe de Aprodeh.

El caso de Garnelo Escobar se mezcla con muchos otros más, como los de Juan Pablo Carbajal, María Zavalaga, Armando Huamantingo, Hugo Bustio Saavedra y Delfín Ortiz Serna. Todos ellos y muchos más, fueron ejecutados por las fuerzas armadas, durante el gobierno de Alan García Pérez.

Los masacres de Pucayacu, Accomarca, Umaru, Bellavista, Parcco, Pomatambo, Cayara, Santa Ana, Pampamarca, Chumbivilcas y Calabaza son registradas también en el documento, y leer los detalles consignados produce escalofríos.

Dos comuneros de Pucayacu fueron ametrallados, luego de cavar sus propias fosas. Pocos días después, más de sesenta personas, incluidos ancianos y niños, fueron asesinadas por el ejército en Accomarca, Ayacucho. Antes, las patrullas asesinas habían pasado por la comunidad campesina de San Sebastián, donde detuvieron a siete ancianos a quienes asesinaron, degollándolos.

En Umaru y Bellavista fueron asesinadas catorce personas, cuyos cuerpos fueron hallados, semicalcinados, en una fosa común, el 19 de noviembre de 1985. En Cayara, el ejército mató a cincuenta comuneros y a pesar de que la investigación de los senadores Javier Diez Canseco y Gustavo Mohme encontró responsabilidad en el jefe político militar de la zona, el entonces presidente García defendió a los asesinos, como ya lo había hecho antes. "No podemos colocarlos permanentemente en el foco del escándalo o desalentarlos con insultos", declaró, ante el estupor de los peruanos.

"El fiscal Escobar -explica el informe de Aprodeh- recientemente ha declarado que Alan García se reunió con él, a quien le informó de todo lo sucedido, y que luego un coronel del ejército le manifestó que fue él quien ordenó que se borraran las huellas del delito".

La lista de detenidos, desaparecidos, durante el quinquenio aprista, es también larga y penosa. Figuran, por ejemplo, Teófilo Rímac, dirigente político de izquierda y catedrático de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, de Pasco. Rímac fue torturado, junto con otras siete personas, en el Cuartel de Carmen Chico y, al anochecer del 26 de junio de 1986, fue separado del grupo y nunca más lo volvieron a ver.

Otros nombres figuran en la lista de los borrados del mapa, muertos bajo las leyes de la selva y del talión. Nunca aparecieron -por ejemplo- los cuerpos de Pedro Jorge Navarro, Walter López Loyola, Eleodoro López Ballardo, José Guerra Montes, Mamerto Huamaní Chillcce, Rina Mamani Checuari, Gregoria Yucra, Ignacio Pizarro Najarro, Andrés Gutiérrez, Julio Najarro Palomino y Tito Ramírez Remond, entre muchos más.

Aprodeh también se ocupa largamente de los casos de tortura presentados durante el gobierno de Alan García Pérez. "El 21 de setiembre de 1986, Lino Guevara Justo, de 17 años de edad, sufrió torturas y mutilaciones, luego de ser detenido por la Guardia Civil, en Azángaro, Puno", es sólo uno de los escalofriantes relatos consignados en el documento.

"El 5 de junio de 1988 -podemos leer en otra de las páginas- Víctor Valdeiglesias Aragón, un ambulante de treinta años, fue detenido por la PIP en Lima y torturado brutalmente. Al día siguiente, fue liberado, luego de que la familia pagara un soborno de diez mil intis, pero no sobrevivió a las torturas".

Finalmente, Aprodeh se ocupa de la relación entre el Comando Rodrigo Franco y el APRA y afirma que "a lo largo de 1988, se descubrieron nexos entre las fuerzas armadas, la Dirección Contra el Terrorismo y el APRA. Por ejemplo, cuando en agosto fueron detenidos catorce jóvenes apristas, armados con explosivos y revólveres, cerca de la Universidad de San Marcos. Al año siguiente, proliferaron denuncias de la actividad del Comando Rodrigo Franco. Los indicios apuntaban a que era una cubierta de los comandos políticos militares de Ayacucho y San Martín, así como de unidades militares y policiales y pistoleros del partido de gobierno que actuaban con la aprobación de altas autoridades".

La deuda de García Pérez con el Perú es mucho más larga de lo que muchos alcanzan a recordar. Es tiempo de empezar a pagarla. Ojalá la Comisión de la Verdad se encargue de ello.

Mariella Patriau

Son cinco cuevas escondidas en una inmensa montaña del valle de Huancasancos, a diez horas al sur de Huamanga, Ayacucho.

Llegamos hasta ahí, siguiendo la ruta marcada por un guía, quien afirmaba que -venciendo su comprensible temor- los comuneros de la zona le habían confesado la existencia de una fosa común, con los restos óseos de por lo menos unas cien personas, víctimas de la guerra sucia emprendida entre Sendero Luminoso y el Ejército Peruano, a partir del año 1982.

Iniciamos la marcha a las once de la mañana y tras cuatro horas de camino llegamos a la provincia de Cangallo. Cinco minutos después de haberla dejado atrás, una primera señal nos dejó saber, en forma clara, lo que es Ayacucho hoy en día, tras casi veinte años de abuso y muerte, nacidos tanto del terrorismo como de los cuarteles: el rincón donde los muertos están empezando a hablar.

Dos calaveras, colocadas sobre una inmensa roca al pie del camino, parecían indicamos que nuestra pista era certera. Las mandíbulas abiertas. Los dientes casi intactos. Cercados por un pedazo de soga, los cráneos estaban acompañados por una hoja de papel, retenida sobre la superficie de la peña por cuatro guijarros. "Mamá papá su hijo pasarán al estudio de la historia para no repetir la situación", es lo poco que pudimos descifrar del mensaje, escrito con un plumón de tinta fluorescente.

Retomamos el camino, que se hizo mucho más penoso luego de este primer hallazgo. La carretera a Huancasancos, de terreno afirmado, aunque con desniveles profundos, se convierte así en la ruta de regreso. Las curvas cerradas que antes escondían barricadas y emboscadas dinamiteras, hoy representan la vuelta al pasado.

"Es muy difícil que alguien de la zona quiera conversar contigo -nos anticipa el guía-. Vamos a revivir muchas cosas y eso a la gente no le gusta".

Antes de llegar a Huancasancos, pasamos por diversos pueblos que fueron víctimas sistemáticas de Sendero y del Ejército. Todos han cambiado de apariencia. La hoz y el martillo han sido reemplazados, en las plazas, por la propaganda electoral. Alan García y Alejandro Toledo se pelean las paredes, convirtiéndolas en murales repletos de ofertas y promesas. Uno de estos pueblitos, llamado Incaraccay, fue -durante la guerra de mayor terror- atacado por lo menos una veintena de veces, entre Sendero Luminoso y el Ejército. Nos conmueve especialmente la historia de una mujer que ejerció un cargo dentro de la comunidad y que era madre de seis hijos. Su nombre es guardado en reserva, por solicitud de ella misma. Esta ex dirigenta campesina vio cómo tres de sus hijos eran colgados en el árbol ubicado al costado de su cabaña. Y como una ironía cruel, los asesinos se encargaron de resarcirla: llegó a tener tres niños más, pero no sabe si son hijos de soldados o de terroristas, pues fue violada varias veces por ambos bandos.

Luego de diez horas de camino, llegamos por fin a Huancasancos, ya de noche. A las siete de la mañana del día siguiente, empezamos a caminar hacia el lugar donde había sido descubierta la fosa. Nos acompañó "Juan", el lugareño, que se había atrevido a advertir, sobre los restos, a nuestro primer guía.

Tomamos un atajo que nos llevó hasta un camino escondido, que atravesaba tierras de cultivo, riachuelos y muchos cerros. Cuando llegamos a un maizal lleno de plantas amarillentas, Juan nos anunció que nos encontrábamos en el lugar. Nos señaló un cerro inmenso.

"Son como cinco cuevas", nos dijo. "Todas tienen huesos", agregó. Efectivamente, era así. Luego de repasar, una a una, las cinco cavernas, pudimos calcular que los restos óseos podrían pertenecer, aproximadamence, a unas cien personas.

Las osamentas, confundidas entre restos de ropas y sogas, se encuentran repartidas en las cinco cuevas, separadas apenas por unos pocos metros.

Los dos primeros socavones tienen restos de hollín sobre las paredes de roca, como si alguien hubiera intentado incinerar algunos restos. Y de hecho, algunos huesos tienen signos de haber sido sometidos a la acción del fuego. Un cráneo con dos orificios de bala (de entrada y salida, aparentemente) fue el que nos dio la macabra bienvenida, en la primera de las cuevas.

En una de las cavernas, un derrumbe ocurrido hace algún tiempo ya se encargó de sepultar a un promedio de treinta esqueletos, según nos refiere Juan. Nuestro guía afirma además que, aunque los comuneros de Huancasancos no se atreven a hablar, por temor a las represalias, muchos de los que tienen familiares desaparecidos, están convencidos de que se encuentran en alguna cueva y por eso acuden a rezar al lugar, cada cierto tiempo.

Por lo escarpado del camino que nos condujo hacia las grutas, podríamos suponer que las personas cuyos restos se encuentran ocultos en este cerro, llegaron vivas hasta el lugar. Y aunque no encontramos casquillos de bala, es necesario tener en cuenta que probablemente ya hayan transcurrido como catorce o quince años, desde que se produjeran estas ejecuciones.

Según el relato de Juan, en noviembre de 1983 llegaron los senderistas al pueblo de Huancasancos. Intentaron aleccionar a los lugareños, a punta de dinamita y fusiles.

"En mayo de 1984 -cuenta Juan- llegó la policía, con sus helicópteros. Mataron a todos los que tenían polos rojos. Un mes después de eso, se instaló el puesto policial. Y así estuvimos tranquilos, hasta noviembre de ese año".

Lo que ocurrió entonces, fue que Sendero Luminoso aprovechó la celebración de una fiesta de la comunidad para ingresar y matar a un policía que había llegado desde Huamanga.

"Entonces llegaron seis helicópteros del Ejército, a buscar a los terrucos. Desde entonces, a fines de 1984, el Ejército se instaló permanentemente en Huancasancos. Esa fue la peor época. A la gente la mataban, incendiaban sus casas. Desde fines de 1984 en adelante, empezaron a ocurrir las desapariciones", recuerda Juan.

Esa confusión, ese pánico ante cualquier extraño, ya sea soldado o terrorista, permanece aún en el relato de Juan, quien asegura que la población de Huancasancos se sometía a la imposición de los militares, aunque se sintieran en igual o peor peligro con ellos. Razones no les faltaban.

"Mataban inocentes. Mis padres nos mandaban a mí y a mis hermanos fuera de Huancasancos, para que no nos pase nada. Estuvimos fuera varios meses. A1 regresar, encontramos las casas abiertas, sin gente adentro. Era la época en la que Sendero bajaba y mataba a los pobladores con machetes, picos y palas. Toda la población dormía en la iglesia y el Ejército la rodeaba, cuidándonos", dice Juan.

Pero a pesar de las cobardes y sanguinarias tácticas de los integrantes de Sendero Luminoso, nada justifica, en modo alguno, la guerra sucia desatada por la policía y especialmente, por el Ejército, en la provincia de Huancasancos, a partir dc 1982. Y las cinco cavernas con restos humanos, que hoy LIBERACIÓN muestra a sus lectores, son -muy probablemente- la silenciosa evidencia de todo el terror desatado en aquella época, a lo largo de todo el departamento de Ayacucho, no sólo por el terrorismo de Abimael Guzmán, sino también por militares tan o más salvajes que los mismos senderistas. Para impulsar esta tesis, basta con recordar a un solo general, jefe político militar de Ayacucho, a partir de 1982: Clemente Noel Moral. Su nombre basta. No necesitamos abundar en detalles.

Los reportes de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) registran la crueldad con la que tanto Sendero Luminoso como el Ejército Peruano se ensañaron con la población del distrito ayacuchano de Huancasancos.

Según APRODEH, el 15 de febrero de 1983, un grupo de comuneros de Huancasancos se enfrentó a Sendero Luminoso en Saccsamarca, una localidad muy cercana a Sancos, la capital de dicho distrito ayacuchano. Como producto de esa acción, los senderistas decidieron atacar a la comunidad y llevar a diez comuneros de Saccsamarca hasta Huancasancos. Nunca más se supo de estas personas.

Las represalias indiscriminadas del Ejército no se hicieron esperar Al día siguiente -es decir, el mismo 16 de febrero- soldados del Ejército y miembros de la Guardia Civil llegaron a Huancasancos, pues, al parecer, los terroristas continuaban en dicha zona. Cuando llegaron los efectivos de la policía y de las Fuerzas Armadas, los guerrilleros huyeron, abandonando el pueblo rápidamente. A pesar de ello, los soldados llegaron a Huancasancos y rompieron fuego contra la población indefensa, matando a gente inocente que lo único que intentó en ese momento fue no dejarse detener.

En esa acción murieron los comuneros Isabel de Quispe, Nimio Paria, Luisa Gonzales, Luciano Salcedo, Cleto Meza, Marcial García y otros más.

Muchos de los pobladores fueron detenidos. Los campesinos se vieron en la necesidad de enarbolar banderas blancas, para detener la violencia.

Pero la guerra sucia parecía no tener fin. El 20 de febrero -apenas cuatro días después de lo ocurrido-, una columna de sesenta terroristas ingresó a Huancasancos. Asesinaron a los nuevos dirigentes comunales, recientemente nombrados. Murieron siete personas, entre pobladores y subversivos. Antes de que se produjera el ataque, cuando los lugareños habían detectado a los senderistas en las alturas, enviaron emisarios a avisar a la base militar de Huancapi. Ni un solo soldado apareció para defenderlos.

Lo que sí hicieron las Fuerzas Armadas fue llegar al día siguiente, cuando ya todo había ocurrido y los siete cadáveres yacían sobre la plaza principal. Esto ocurrió el 21 de febrero de 1983 y fue uno de los peores crímenes cometidos por el Ejército en Huancasancos. Una patrulla llegó, bajo el mando del capitán Edgardo Acevedo y de otro capitán de apellido Vásquez. Detuvieron en el camino a veinte personas, a quienes, luego de torturar, ametrallaron. Algunos fueron quemados o tirados al río, en el puente de Huancasancos. Los nombres de los comuneros asesinados en aquella oportunidad por el Ejército son Walter Timpo, Félix Huamaní, Bernardo Huaripáucar, Augusto Meza y otros.

Otros detenidos por el Ejército Petuano y cuyos restos probablemente se encuentren en las cuevas que aquí presentamos, son Mavilón Guzmán Calvancante, desaparecido el 2 de octubre de 1983; Máximo Cárdenas Sulca,
desaparecido el 7 de diciembre de 1983, y Raúl Alarcón Gonzales, Cirilo Quispe Salcedo Parian, Leonidas Vílchez Gonzales y Máximo Mamerto Vílchez Gonzales, desaparecidos el 21 de diciembre de 1983.

Sin embargo, aunque las denuncias abundan en Huancasancos, éstas no expresan, ni remotamente, la verdadera cantidad de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales perpetradas en este distrito ayacuchano. Esta es una situación que se repite a lo largo y ancho de todo el departamento.

Según un informe de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, "de Ayacucho se han reportado y denunciado un porcentaje muy pequeño de violaciones a los derechos humanos, ocurridas en los años intensos de la violencia".

El fiscal superior decano de Ayacucho, Esteban Minaya Guerrero, le entregó a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos el número de denuncias por desapariones existentes en los archivos de la Fiscalía de Huamanga.

"Causó sorpresa y preocupación -señala en su informe la Coordinadora- que estas cifras sean mucho menores que las denuncias por desaparición que efectivamente se han pcesentado ante esta Fiscalía. La cifra encregada a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos es de 1,348, de las cuales continúan desaparecidas 888 personas. Mientras tanto, los representantes de la Asociación de Familiares de Desaparecidos de Ayacucho aseguran haber denunciado más de dos mil desapariciones en este departamento.

Por otro lado, un informe de APRODEH, correspondiente al quinquenio 1985-1990, da cuenta de otros crímenes contra los derechos humanos, ocurridos en Santa Ana y Pampamarca, comunidades cercanas a Huancasancos. Según APRODEH, el 13 de junio de 1989 desapareció de la localidad de Santa Ana el comunero Domingo Quispe Condori, de 95 años de edad. Entre el 26 y el 27 de junio, también de Santa Ana, desaparecieron Natividad Quispe, Crisóstomo Condori Quispe, Alejandro Quispe Condori, Estanislao Polanco Rojas, Andrés Huamaní, Maura Bautista, Clemente Champión, Francisco Ramírez, Virgilio Barrientos Ramos, Virginio Barrientos Polanco, Esteban Barrientos Vega, Ignacio Tito y Francisco Ramos.

"El 9 de junio de 1989 -relata el informe de APRODEH- en horas de la tarde, una patrulla del Ejército peruano, conformada por unos veinte soldados de la base militar de Huancasancos, incursionó en la comunidad de Santa Ana. Rubén Condori y Oseas Sánchez, quien sufre de retardo mental, regresaban de pastar vacas, cuando se percataron de que los militares habían allanado y saqueado la vivienda del primero. Los militares se los llevaron detenidos a la base de Huancasancos, fueron encerrados en un pozo y torturados en horas de la noche, acusados de terroristas. Permanecieron allí hasta el 13 de junio".

El relato de APRODEH, realizado en base a los testimonios de los integrantes de la comunidad, señala que "ese mismo día (el 13 de junio), a las ocho de la mañana, los militares, en número de 35, al mando de un mayor de apelativo "Cóndor", volvieron a incursionar en el pueblo. Luego de reducir a los pobladores en la plaza, los militares se dedicaron a allanar y saquear las viviendas. Una de éstas fue la de Domingo Quispe Condori, de 95 años de edad, a quien luego de golpear, le dispararon en la cabeza. Los militares se retiraron a las tres de la tarde, después de incendiar los archivos de la comunidad que estaban en su local comunal.

Pero el salvajismo de estos soldados de la base de Huancasancos no tuvo fin, durante mucho tiempo.

"El 26 de junio -sigue el informe de APRODEH- a las cuatro y treinta minutos de la madrugada, los militaces volvieron a incursionar en Santa Ana. Reunieron a viva fuerza a los pobladores en la plaza principal, torturando a mujeres, niños y ancianos. Las mujeres y niñas fueron violadas en los confesionarios de la iglesia. Antes de irse, asesinaron a tres personas, hirieron de bala a otra y con arma blanca a una menor de trece años. Los militares se retiraron el 27 de junio. Ese mismo día, a las cinco y treinta de la mañana, los militares incursionaron en San Francisco de Pampamarca, donde saquearon, violaron y asesinaran a diez pobladores. Se retiraron en la madrugada del 29 de junio".

Mientras hoy recordamos toda esta barbarie, la presencia del Ejército en el departamento de Ayacucho continúa. Todos los domingos hay desfile y parada militar. Y el miedo hacia los soldados no se ha desvanecido todavía. En todo Ayacucho -y especialmente en provincias como Huancasancoshay mucho temor a hablar. Existe el gran temor de que se vayan los militares, y de que esto pueda originar el resurgimiento de Sendero Luminoso. Pero, paralelamente, hay un rechazo profundo hacia los abusos del Ejército. Existe también el enorme temor a las represalias. Por eso, nadie se atreve a denunciar la prepotencia castrense y los crímenes cometidos por los militares. A ningún poblador se le ocurriría, por ejemplo, recordar a los desaparecidos de Ayacucho.

Un ejemplo de esto es que, desde 1995, la Covrdinadora Nacional de Derechos Humanos organiza cursos de derechos humanos, destinados a los pobladores de las comunidades indígenas ayacuchanas. Esto ha contribuido bastante a despertar la memoria de los carnpesinos. A raíz de esto, se reportaron muchos casos de intimidación de parte de los soldados hacia los asistentes al curso. "¿Qué me va a hacer a mí derechos humanos, si yo a un perro lo hago desaparecer?", dice un comunero que le dijo uno de los soldados que trató de impedirle que abandonara su localidad con el fin de asistir a uno de estos cursos impartidos por la Coordinadora.

Hoy, con la creación de la Comisión de la Verdad, es de esperar que casos como el de Huancasancos no queden impunes. Y que las instituciones destinadas a velar por la seguridad y los derechos de los ciudadanos empiecen por fin a funcionar. Ojalá que la Comisión de la Verdad sí actúe con celeridad y que no se haga de la vista gorda, como sí lo hizo, durante mucho tiempo, don Jorge Santistevan de Noriega, quien recibió, el 8 de setiembre de 1997, una solicitud de parte de los miembros de la Asociación de Familiares de Desaparecidos de Ayacucho, para que la Defensoría del Pueblo investigara los casos de desaparición pendientes, ocurridos entre 1983 y 1992. Esto lo hicieron porque, desde 1996, las fiscalías especializadas en derechos humanos fueron desactivadas y sus denuncias derivadas a la Defensoría, entidad cuyos resultados, hasta ahora, brillan por su ausencia.

Mariella Patriau

Los campesinos de Accomarca, el distrito ayacuchano, esperan justicia desde hace casi dieciséis años. Este 14 de agosto se cumplirá un aniversario más de la masacre que arrasó con más de la mitad de la población del anexo de Lloqllapampa, a donde LIBERACIÓN llegó este fin de semana para comprobar que el dolor y la impotencia no se agotan con el tiempo.

Llegar hasta Lloqllapampa no es una tarea fácil. Regresar, menos aún.

El camino desde Huamanga hasta Vilcas, la capital de la provincia de Vilcashuamán, toma unas tres horas, aproximadamente. Desde allí, una hora y media más nos separan de Accomarca. Hasta ese lugar llegan los vehículos. A partir de entonces, hay que cruzar, a pie, una montaña inmensa. Son, en total, una hora y quince minutos de bajada, que no se extienden más de lo necesario, gracias a la atenta guía de Daniel Palacios Quispe, uno de los comuneros de Lloqllapampa que han decidido acudir a los periodistas para clamar por justicia.

Durante la ruta, se nos unen Cesáreo Gamboa de la Cruz y Eusebio Baldeón Pulido, a quienes Daniel recoge de sus casas, enclavadas en medio de la puna. Los tres nos llevan, con el paso firme y la voluntad resuelta, hasta el lugar de los hechos.

Cesáreo y Eusebio son los dos testigos que le quedan a Lloqllapampa, para reconstruir el pasado y señalar a los culpables. Vivieron, durante diez años, ocultos en Lima, pues el Ejército los buscaba en Ayacucho, para matarlos y asegurar su impunidad. Recién volvieron a ocupar sus tierras en 1995. Mientras caminamos, nos cuentan la historia, desde el principio.

En julio de 1985, llegó a la escuela primaria de Accomarca un profesor proveniente de Huaraz. Como pertenecía a Sendero Luminoso, inició su labor proselitista entre los comuneros de la provincia. Muy pocos lo siguieron. Al final, en los primeros días de agosto, llegaron a ser alrededor de quince los integrantes de la escuela popular fundada por este maestro, a quien nunca se llegó a capturar.

Una patrulla militar, perteneciente al cuartel de Vilcashuamán, detuvo a un integrante del grupo subversivo, quien confesó la existencia de la escuela de senderistas, cuyo lugar de reuniones estaba ubicado muy cerca a la comunidad de Lloqllapampa.

Esto le bastó al Ejército para sacar sus conclusiones apresuradas y decidir hacia dónde dirigiría esa vez, sus fusiles. El 9 de agosto de 1985, la patrulla "Lince Siete", dirigida por el entonces subteniente Telmo Hurtado Hurtado, llegó hasta la comunidad de Lloqllapampa. El primero en verlos fue Eusebio Baldeón.

"Yo estaba arriba, en el pueblo -recuerda Eusebio-. Los senderistas nos botaron para acá. Váyanse para la parte de abajo, nos dijeron, porque van a llegar los militares y los van a matar. Nos botaron del pueblo. Por eso, varios de los que ya no estaban en el pueblo han muerto aquí. Aquí han muerto mis primos y mis hermanos".

Eusebio logró escapar de los militares. Oculto en uno de los cerros aledaños, fue testigo de la masacre, de principio a fin. "Mataron a mis carneros -cuenta Eusebio- y se los comieron. Al día siguiente se fueron, tranquilos. El 13 vinieron a la feria y se quedaron hasta el 14. Allí juntaron a todos, casa por casa. Los golpearon. Hasta las once de la mañana los golpearon. Después los trajeron a toditos, los metieron en la casa. Reventaron de balas, hasta granadas botaron tres veces. Casi en hora y media han matado a toditos. Perdí a seis primos y a dos sobrinos. Mi cuñada también ha muerto".

Sesentinueve personas, entre ellas, veintitrés niños, muchos ancianos y algunas mujeres embarazadas, fueron asesinadas por Telmo Hurtado y su patrulla. Todos fueron distribuidos en tres grupos: el primero, el de los niños fue encerrado en el ambiente principal de la casa de Cesáreo Gamboa, el testigo más importante. El otro grupo, el de los hombres, fue recluido en la cocina de la casa de Cesáreo. A las mujeres y a los ancianos los llevaron a la casa de la suegra de Cesáreo, ubicada a muy pocos metros de los otros dos recintos.

Luego de encerrarlos, descargaron toda la fuerza de sus fusiles FAL sobre ellos. Minutos después, les lanzaron granadas. Al final, los quemaron. El relato de Cesáreo produce escalofríos.

"Yo y mi esposa estábamos escondidos en las alturas del cerro -cuenta Cesáreo, con los ojos sobresaltados-. Igual los agarraron a todos los que estaban escapando y los reunían de todas sus casas, para traerlos acá. Y acá los han empezado a torturar. Los golpeaban. Yo estaba escondido en el cerro. Los soldados trajeron a la gente con engaños. Les hacían arrodillarse para pedir disculpas. A los que encontraban por allá, los mataban en el camino. Yo escapé con la ropa que tenía puesta, nada más. Me escondí detrás del huaico y dejé a todos mis hijos. A todos ellos los mataron y los quemaron".

Cesáreo perdió a sus tres hijos, de seis, ocho y diez años. Él y su esposa los vieron morir, desde las alturas del cerro.

Uno vino a morir junto con sus hijos, porque no quería dejarlos solos -recuerda Cesáreo-. Los soldados, después de haber quemado a toda la gente, se fueron hacia Accomarca, salieron hacia el pueblo, pero desde arriba siguieron disparándonos a los que habíamos escapado y volvíamos por el cerro. A1 señor Pastor Gómez lo encontraron en el camino y lo mataron. Nosotros lo enterramos debajo de este árbol".

Luego de la masacre, el Ejército abandonó el lugar. Fue entonces que los sobrevivientes -entre ellos Cesáreo y Eusebio- salieron de sus escondites y bajaron a recoger los restos de sus parientes. Todos fueron enterrados en distintas fosas. La más grande de ellas, situada al pie de un árbol de avellanas, es la que los comuneros han decidido abrir, para demostrar que no han olvidado nada de lo sucedido y que siguen reclamando justicia y castigo para los culpables.

"Los cuerpos fueron trasladados, por pedazos, hasta la tumba abierta por nosotros mismos. Nadie dijo nada, nadie hizo nada para poder buscar la justicia. Todo quedó ahí, en el olvido", señala Cesáreo, quien junto con Daniel y Eusebio, inicia la triste tarea de reabrir la fosa común que alberga -entre otros- los restos de los tres niños que le mató el Ejército.

Luego de diez minutos de cavar y cavar, aproximadamente a cincuenta centímetros bajo tierra, empiezan a aparecer las primeras huellas calcinadas.

Vemos salir de la tierra una pequeña ojota, tal vez de Agripina, la menor de las hijas de Cesáreo.

Daniel la recoge con la punta del pico y la posa sobre el montón de tierra que ya se ha juntado al lado de la tumba reabierta. Afloran también ropas con los bordes deshechos por el fuego y huesos frágiles y delicados, de niño.

Cesáreo, Daniel y Eusebio se dan de bruces contra el pasado. Cogen con sus propias manos los restos, con una naturalidad que sorprende. Los dedos del viejo comunero se hunden en la tierra y es como verlo besar a la hija muerta o acariciar las canas del padre anciano, a quien rompieron las costillas a patadas, antes de quemarlo en una de las casas. Entre lo que queda de los cuerpos, aparece un casquillo de FAL que los soldados no alcanzaron a llevarse.

"Son sesentinueve campesinos, son sesentinueve vidas -reclama Daniel-. Nosotros queremos que se castigue a los culpables. De parte de Sendero hubo culpables. Y los militares también son culpables. Los dos son culpables. Porque los militares pensaron que todo el pueblo era de Sendero, creyeron que todos éramos terroristas. En eso se equivocaron, se confundieron con los inocentes. Y los verdaderos culpables, al saber, al presenciar a los primeros soldados, escaparon. Los paganos fuimos los de la comunidad, los campesinos, las campesinas".

Los lugareños afirman que ésta no es la única fosa, pues aseguran que aparte de las sesentinueve víctimas de la masacre de Lloqllapampa- hay otras personas que también fueron asesinadas. "De Accomarca, por lo menos, han asesinado a más de cien personas. A algunos sabemos dónde los han matado. De algunos no sabemos nada", nos explica Daniel, quien perdió a su padre el 14 de agosto de 1985.

"Mi padre se llamaba Albino Palacios Quispe -nos cuenta-. Él murió con su esposa, Felícita Martínez Baldeón. A los dos los mataron acá, en esta casa. Ellos ya eran mayores. Tenían setentiocho años. Teníamos una huerta en Carhuayacu. Mi padre solamente venía llevando su frutita a la feria, haciendo su negocio. De regreso, se encontraron con los militares. Y creyeron que eran senderistas. Eso es lo que pasó con muchos. Confundieron a muchos, muchos. Aquí han muerto todos los inocentes. Aquí ningún culpable ha muerto".

En el local de la Base Militar de Accomarca, por ejemplo, los campesinos presumen que debe haber otra fosa común, abierta por los mismos militares. "En diez años, por lo menos treinta personas entraron allí y a ninguna se le volvió a ver jamás", nos cuentan.

El alcalde de Accomarca, Hernán Gómez Tecse, ha decidido unirse al reclamo de los comuneros. Él recuerda el día en el que llegaron los militares, un día antes de la masacre.

"Es una situación muy desgraciada, lamentable -comenta-. Aquí han muerto personas inocentes. Yo en esa época tenía once años. Perfectamente recuerdo haber visto llegar a los militares, porque pasaron por donde yo

tenía mi choza. Los vi pasar, cuando ellos llegaban, el 13 de agosto de 1985".

Accomarca es uno de los lugares más olvidados de nuestro país. No hay plata para comer ni para promover el desarrollo. El distrito es considerado un "municipio menor", lo que significa que no recibe ni un sol del fondo de compensación municipal. Es fácil deducir entonces en qué prioridad se encontrarán, en esta pobre ciudad, los derechos humanos.

"Nos hemos acercado a instancias superiores y organizaciones de derechos humanos, pero lamentablemente no hemos sido escuchados -denuncia el alcalde-. Los gobiernos de turno no nos toman en cuenta, no nos valoran. Es como si no quisieran remover nada, como si quisieran que todo quedara como está. Eso ha hecho también que los campesinos dejen de creer en los gobiernos. Aquí han venido diputados famosos. Olivera y Valle Riestra han pisado esta tierra, pero desgraciadamente, ¿qué cosa hicieron para la gente? nada".

Lejos de hallar justicia, los comuneros de Accomarca han debido soportar afrentas tan grandes como la impunidad de Telmo Hurtado Hurtado, su verdugo.

Entre 1985 y 1996, Hurtado pasó de ser sub teniente, a convertirse en mayor del Ejército Peruano. Luego de la matanza que dirigió, debieron transcurrir seis años para que el Consejo Supremo de Justicia Militar decidiera condenarlo. Sin embargo, la pena y el delito resultaron ridículos: siete años de prisión por abuso de autoridad.

Aunque parezca increíble, ni siquiera esa exigua condena fue cumplida, pues Hurtado fue favorecido -junto con el grupo Colina- por la Ley de Amnistía, en 1995. Luego de esto, continuó en el servicio activo hasta 1999, año en el que el Instituto de Defensa Legal denunció que Hurtado se desempeñaba como coordinador de la Base de San Ignacio con los comités de autodefensa, en la Sexta Región Militar.

Los comuneros de Accomarca han esperado dieciséis años por la justicia que siempre se les negó. Han vivido atemorizados, amenazados por quienes mataron a sus familiares, escondidos en ciudades que les eran ajenas. Hoy se han librado del miedo y la rabia les alcanza todavía para desenterrar a sus muertos y exigir -ante la contundencia de las evidencias- que alguien ponga las cosas en su sitio: los criminales en la cárcel, sería un magnífico comienzo.

"Me gustaría verlos...las cosas caen por su propio peso, ya hablarán, tienen que hablar...quisiera decirles, a Martin Rivas y a los demás en su cara, que son unos asesinos...No jugaron limpio con muchos inocentes, tampoco conmigo...pero seguiré siendo agente, hasta que muera..."

Sentado y con lápiz y papel en mano para ayudar a su memoria, Clemente Alayo Calderón habla, enfurecido, desde su celda del penal de Canto Grande, ubicada en el pabellón de aislamiento denominado "El Hueco". Su rostro se enrojece con facilidad y prefiere caminar para calmar sus nervios.

SIN COMPASION

El relato es tenebroso. Habla de qué hacían los miembros del grupo Colina -al cual él perteneció- con los presuntos terroristas, de cómo, según él, los masacraban. Aún así, Alayo no pierde el orgullo cultivado a la sombra de su oficio. "Soy un oficial preparado para defender a su país y hasta dar la vida por él", dice.

"Durante la guerra -prosigue-, nos entrenan para sobrevivir en condiciones inhumanas, incluso para matar antes de ser muertos en manos de enemigos". Lo que ocurrió, en la época de Colina, de acuerdo a su testimonio, es que sus miembros empezaron a hacer con personas lo que, durante su entrenamiento, practicaban con perros.

Los escenarios solían ser las playas La Chira o los arenales de Chilca, ambas zonas reservadas para militares. Siempre de acuerdo a Alayo, el proceso se iniciaba cuando el presunto terrorista capturado era colocado en el suelo y rodeado. Luego, uno por uno, los agentes de Colina la emprendían a golpes contra éste.

En seguida, según la versión de Alayo, venía lo más horroroso. Se procedía a descuartizar al capturado, bajo el argumento, generalmente levantado por el jefe del operativo, de que, total, eran terrucos y mataban sin asco. Nadie, cuenta el ex agente, retrocedía, se actuaba bajo el influjo de las drogas y el alcohol.

BORRANDO PRUEBAS

En cada operativo de este tipo, al que denominaban "orgías médicas", habrían participado entre ocho a diez agentes. Al "nuevo" le tocaba la parte más abominable: sacar las vísceras. Alayo niega haber presenciado alguno de estos rituales macabros, aunque la descripción que hace es sumamente detallada, como si la hubiera visto.

Dice que todo esto se lo contaban sus colegas de Colina borrachos, a veces llorando como niños. "Pampa Quilla, Chuqui Aguirre y Pedro Pretell eran los más sensibles", recuerda, al tiempo que agrega que estos actos los hacían entrar en una suerte de delirio. Matar a un senderista era, según él, una "prueba de valor".

El paso siguiente habría consistido en fondear los cadáveres. De acuerdo a Alayo, Julio Chuqui Aguirre, preso desde el lunes 9 de julio en la carceleta del Palacio de Justicia, desaparecía los cadáveres luego de la masacre. Por eso lo llamaban "El enterrador".

Los cuerpos eran depositados en bolsas de polipropileno de color negro y luego amarrados con unos alambres especiales que en el extremo tenían un bloque de cemento de aproximadamente 10 a 15 kilogramos. El siguiente destino, según Alayo, era el mar o algún lugar desértico.

Las investigaciones que se abran o incluso la Comisión de la Verdad tendrían que hurgar en esta versión, que el mismo Alayo dio en febrero pasado a la fiscal Flor de María Alva. Según éste, uno de los cadáveres arrojados al mar fue el del "abogado democrático" Wilfredo Terrones.

MISION Y CAIDA DE ALAYO

La misión de Alayo, de acuerdo a sus propias palabras, fue infiltrarse en las filas de Sendero Luminoso para detectar los mandos y encontrar pruebas de los delitos. "Se trataba de una guerra interna", afirma.

Una de las batallas fue en 1992, junto al también ex agente Mesmer Carles Talledo, pero la acción al final le costó el juicio por Traición a la Patria que, hasta ahora, lo mantiene en la cárcel. Ambos intentaron sembrarles pruebas a los "abogados democráticos" Jorge Cartagena y Alfredo Crespo.

Al final, se encontró en la casa de Martha Huatay documentos de reglaje a unos efectivos militares, que sirvió para que Carles Talledo y Alayo fueran condenados a 15 y 20 años, respectivamente. Al parecer, se trató de una venganza de Rivero Lazo y Martin Rivas contra ellos pues los habían denunciado por malversación de los fondos de Inteligencia.

Carles Talledo fue indultado en noviembre de 1997. Pero a su salida del penal de Yanamayo se retractó de las denuncias que, junto a Alayo, hizo contra Martin Rivas y Rivero.

Según el mismo Alayo, quien también se infiltró en Sendero Luminoso, a través de la Asociación de Abogados Democráticos fue Juan Pampa Quilla, en 1988 convenció al abogado Manuel Febres para que lo acompañe a la Costa Verde y allí lo entregó a un comando de Colina, que lo asesinó a balazos.

Esto contradeciría la versión, mantenida durante mucho tiempo, de que el crimen fue cometido por el Comando Rodrigo Franco. Además daría fe de que por lo menos el embrión de Colina ya existía en ese tiempo.

REPRESALIAS

Al poco tiempo, Pampa Quilla quiso dejar el comando pero un ómnibus interprovincial lo atropelló misteriosamente. Martin Rivas le dijo entonces que quizás SL quería acabar con él y que iba a estar más seguro con Colina.

Alayo cuenta asimismo que en el asesinato del dirigente sindical Pedro Huilca participaron Martin Rivas, Mariella Barreto y Pedro Pretell Damason. "Yo estaba destinado para ese operativo, junto a ellos, pero me negué -afirma-. Pretell Damason me había contado llorando que después del crimen, hablaron de matarme, pues habían visto una conducta rara en mí.

Pedro Pretell Damason murió en una accidente de tránsito, un mes antes del secuestro y descuartizamiento de la ex agente Mariella Barreto.

Alayo culmina su testimonio señalando que el principal testigo de los crímenes perpetrados por el grupo Colina es Marcos Flores Alván, quien actualmente se encuentra con arresto domiciliario por haber sido, además, un agente escucha involucrado en las interceptaciones telefónicas.

El había visto a cada persona antes de ser torturada o ejecutada. Era el escriba, el encargado de redactar a máquina -muy rápido- los atestados y partes policiales que daban cuenta de la situación del detenido, en circunstancias poco claras.

"Elaboraba por orden de Martin Rivas -detalla el ex agente-hasta tres modelos de parte para un mismo suceso, a veces con diferentes fechas. En uno afirmaba que el detenido fue puesto en libertad, en otro se le declaraba responsable de hechos subversivos y en otro que pasaba a disposición de otro comando".

Casi siempre les hacían firmar los tres modelos. Nadie sabía en realidad qué pasaría más tarde. Si se apiadaban de él lo dejaban en libertad, de lo contrario podía ser uno de los que pasaba por la horrenda "orgía médica" (Paola Miranda)

CERCA de las seis de la tarde del lunes 27, ante 100 congresistas y varios invitados en las galerías -entre ellos los deudos del caso La Cantuta- el congresista Daniel Estrada sentenció: "Por tanto, la Subcomisión cumple con acusar formalmente al ex Presidente de la República Alberto Fujimori por los delitos de homicidio calificado, desaparición forzada y lesiones graves..."

Estrada, como parte de su exposición, hizo uso de las imágenes de un "vladivideo" en el cual Montesinos aparece al lado del general Juan Briones, ex ministro del Interior, y de la también ex ministra, de Promoción de la Mujer y el Desarrollo Humano, Luisa María Cuculiza. En una escena, fugaz pero inolvidable, el "Doc", mirando un sillón vacío, dice en "Todo sale de acá".

Antes, el ex hombre fuerte del SIN ha hablado de "La Cantuta, Barrios Altos, la Leonor La Rosa, la Zanatta", hasta que Fujimori entra en el encuadre y se sienta en la silla señalada. La imagen fue repetida varias veces, acaso para impresionar a la teleaudiencia, pero no era el único argumento.

La Subcomisión entrevistó a varios militares, de la otrora cúpula dorada y del grupo que fue marginado. Sin dudas ni murmuraciones: Fujimori tuvo que saber algo. El general Nicolás Hermoza Ríos, por ejemplo, dijo que siendo los hechos de La Cantuta y Barrios Altos tan importantes y graves, el ex Presidente debía "haber tenido conocimiento de inmediato".

El general Rodolfo Robles, persistente denunciante del Grupo Colina, insistió en su versión de que el ex mandatario no sólo sabía de la existencia de este comando sino que "autorizaba sus operaciones y actividades". Fue, sin embargo, el general José Cacho Vargas, ex Comandante General del Ejército, quien dio un argumento que recorre casi todos los rincones del caso.

"El Presidente Fujimori -dijo Cacho- eligió un asesor y lo hizo responsable de todo el Sistema de Inteligencia".Tal como lo ha mostrado el Procurador José Ugaz, Montesinos había montado toda una organización, a la que Fujimori no era en absoluto ajeno. Tan es así que tenía prácticamente una suite, para él y para toda su familia, en las propias entrañas del SIN.

Es más, parte de la acusación de Estrada se basa en el testimonio del ex agente del SIE José Luis Bazán Adrianzén, quien señaló que Montesinos se reunía con Fujimori en su mini-departamento del SIN, antes de acudir a otro minidepartamento que Santiago Martin Rivas, el presunto jefe del Grupo Colina, también tenía en el SIN. Allí se juntaban los muchachos.

CARETAS, por su parte, tuvo acceso a la declaración que Clemente Alayo, otro presunto miembro del Grupo Colina, hizo el 6 de febrero de este año ante la Fiscal Flor de María Alba López. Según él, tras los sucesos de Barrios Altos, Fujimori condecoró en el propio SIN a los autores de la masacre, poniéndoles una insignia en el pecho y dándoles cierta cantidad de dólares.

También existe la versión de una solicitud que el ex mandatario formulara al Ministerio de Defensa el 30 de julio de 1991, poco después de la supuesta creación de Colina, para que a sus miembros se les reconozca "por haber participado en exitosas operaciones especiales de inteligencia". Antes, en junio del mismo año,habría habido una recomendación de ascenso.

Además, CARETAS accedió a una declaración hecha por Marcos Flores Alván, también presunto miembro del comando, el 26 de febrero de este año en la DINCOTE. "También quiero agregar -sostiene Flores- que en una oportunidad escuché a Martin Rivas que decía que tenía que pedirle el apoyo económico, para la formación de `Colina' a Santiago Fujimori Fujimori".

Es cierto: aún no hay pruebas contundentes para acusar al ex Presidente. Pero el derecho, afortunadamente, ha evolucionado y ha previsto situaciones en las cuales quienes nunca apretaron el gatillo, pero sí dieron órdenes feroces, no gocen de una impunidad que dure por los siglos de los siglos. Fujimori podría entrar a esa categoría.

Como ya lo había señalado el Procurador para los casos de derechos humanos, Ronald Gamarra, existe la tesis del "dominio de la voluntad en virtud de estructuras o maquinarias de poder organizadas". Su autor fue el jurista alemán Claus Roxin y es una figura aceptada por la jurisprudencia que ha permitido juzgar a algunos famosos tiranos del orbe.

La idea es que, aunque no se participe directamente en el crimen, cuando se controla un poder organizado, creado para cometer estos actos, se cae en la figura de la "autoría mediata". Bajo esta fórmula se ha procesado a algunos criminales de guerra yugoslavos, así como a los comandantes de las juntas militares argentinas (Videla, Galtieri, Agosti y otros).

Por añadidura, los actos del Grupo Colina muestran una secuencialidad que, muy difícilmente, podría haberse dado de no contarse con una protección de muy alto nivel. El comando perpetra lo de Barrios Altos el 3 de noviembre de ese año, habría cometido otros actos criminales en los meses siguientes, e incursiona en la Universidad La Cantuta el 18 de julio de 1992.

Las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, por último, parecen guardar soterrados mensajes. La primera, ocurre al día siguiente de una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; la segunda, casi 24 horas después del monstruoso atentado de la calle Tarata de Miraflores. ¿Se pretendía, acaso, mostrar cuál era la filosofía antiterrorista del régimen?

La congresista Chávez, en su pálida argumentación, sotuvo que, finalmente, los acusados eran personas que arriesgaron su vida por la Patria. Es, más o menos, lo que dijo el mayor (r) Carlos Pichilingue, otro ex miembro de Colina, a CARETAS hace unos meses: "Yo me he dado íntegro por el país. Nadie sabe el sacrificio que hemos realizado con mis compañeros de armas".

Lo ocurrido en La Cantuta y Barrios Altos, empero, no parece muy enaltecedor y más bien evidencia un estilo brutal, por lo demás recurrente en el fujimorismo. Basta recordar lo ocurrido en el penal de Canto Grande en mayo de 1992, cuando más de 60 presos senderistas amotinados fueron masacrados a pesar de su rendición (ver CARETAS 1672).

Otra perla de este currículum fue la trivial manera como nos retiramos de la compentencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O incluso el rescate de los rehenes de la residencia del embajador japonés, que si bien se dio en una situación límite, fue perversamente coronada con el macabro paseo de Fujimori sobre unos cadáveres.

La moraleja siempre era la misma: mano dura, mortal, contra la subversión. Hasta fue ésa una de las justificaciones del autogolpe del 5 de abril de 1992 y es la letanía que aún cantan los últimos fujimoristas. Es una trayectoria, digamos, coherente, pero hay derecho no sólo a dudar de su eficacia sino, además, de sus presuntos fines altruistas.

Ahora vuelve a escena la posibilidad de la extradición, sólo que, mientras Japón no logre exorcizar sus propios fantasmas, el camino se presenta espinoso. El probable pedido de captura de Fujimori ocurre cuando el Imperio del Sol Naciente revisa su pasado guerrero, por medio de un debate que atraviesa los medios, los colegios, la política.

Junichiro Koizumi, el nuevo Primer Ministro del Partido Liberal Demócrata (está en el cargo desde abril) es un nacionalista que intenta reivindicar viejas hazañas bélicas. Ha aprobado un texto escolar de historia que "rescata" esos episodios y el 13 de agosto pasado visitó el templo Yasukuni de Tokio, donde yacen enterrados algunos criminales de guerra.

Ese día, varios surcoreanos se cortaron el dedo meñique en Seúl, en protesta por la ofensa (Japón ocupó Corea desde 1910 hasta 1945 y durante la Segunda Guerra Mundial esclavizó, sexualmente, a mujeres coreanas), y hasta en Tokio hubo muestras de rechazo. El perfil de las actuales autoridades niponas entonces lanza un mal augurio para la extradición.

A pesar de ello, Japón también puede beber de su pasado la experiencia de sancionar crímenes de lesa humanidad. El 19 de enero de 1946, tras la rendición ante las tropas aliadas, un tribunal internacional en Tokio juzgó y condenó a varios personajes, entre ellos al Primer Ministro Hideki Tojo, quien fue ahorcado junto con otros 6 acusados.

Nadie pide que se llegue a la llamada pena capital, pero entre los arrebatos nacionalistas de Koizumi y la alucinante protección de la que goza Fujimori debe haber un espacio para la razón y la justicia. Si el ex mandatario es declarado culpable y se le sigue protegiendo, entonces Japón estará identificándose con esos retazos más feroces de su historia.

Un episodio ocurrido en 1937 en la ciudad de Nanking, durante la ocupación japonesa de China, es aterrador. Las tropas niponas masacraron a cerca de 340 mil personas y violaron a no menos de 84 mil mujeres. Muchos japoneses de hoy no se sienten orgullosos de eso; no habría motivo entonces para proteger a alguien que, cuando menos, es sospechoso de tolerar una masacre en una quinta limeña (Ramiro Escobar).

Por EDMUNDO CRUZ Unidad de Investigación

Reporteros del diario La República localizaron el pasado viernes 16 una de las mayores fosas clandestinas de la época de la violencia con una antigüedad aproximada de 17 años, en el lugar denominado Putis, en las alturas de la provincia de Huanta, departamento de Ayacucho.

Según los testimonios e indicios que acompañan esta nota, en esa fosa estarían enterrados los restos de aproximadamente cien personas, incluidos niños y ancianos, familias íntegras, todos ellos hijos de la comunidad andina de Putis.

Las víctimas habrían sido ultimadas en setiembre de 1984, a fines del segundo gobierno del arquitecto Fernando Belaunde Terry, por personal de la base militar de Putis, destacamento del Ejército que recién se había instalado en ese lugar.

Fuentes castrenses arguyen haber actuado bajo la presunción de que la comunidad de Putis había sido ganada por Sendero Luminoso. Pero tal explicación no concuerda con la historia que fluye de los relatos de los testigos, ni justifica el presunto exceso.

El pasado viernes 16, tras ocho horas de caminata a pie, reporteros del diario La República llegaron al lugar acompañados por Feliciano Medina, alcalde del distrito Santillana, por comuneros del lugar y por Jaime Antezana, estudioso de la zona.

La fosa clandestina de Putis se halla ubicada en el patio más amplio de lo que fuera el centro escolar de la comunidad. Sus dimensiones son notablemente superiores: siete metros de largo por cuatro de ancho, y una profundidad aproximada de dos metros, de acuerdo con la versión de un licenciado del Ejército, testigo presencial de los sucesos de setiembre de 1984 (ver declaración en recuadro).

Piedras de cascajo cortadas rodean la tierra removida que sella la fosa y que la vegetación recubre. El cráneo de un niño, la mandíbula de un adulto y otras piezas óseas probablemente humanas se esparcen a partir de una cavidad abierta en la parte central del enterramiento. También se observan vestigios de ropa y de calzado.

Uno de los comuneros presentes en Putis confesó que el 2 de noviembre último, día de los muertos, motivados por el recuerdo de los seres queridos, recogieron algunos restos óseos, montaron unos "tapaditos" con piedras y prendieron velitas por las víctimas.

Se les recomendó que se abstuvieran por completo de remover el conjunto, y se les sugirió que canalizaran su legítimo deseo de dar cristiana sepultura a los suyos mediante las autoridades.

Las versiones sobre la cantidad de cuerpos enterrados en esta fosa difieren. Zacarías Palomino Curo, teniente gobernador de la comunidad de Marccaraccay, quien guió a la base del Ejército cuando ésta se instaló en Putis, hace un cálculo conservador de setenta víctimas.

Un soldado de la Base, testigo de la matanza, se mantiene firme en una cifra precisa: noventa y ocho (ver recuadro).

Para Gerardo Fernández, comunero de Cayramayo que ubicó la fosa de Putis en 1998, son más de cien los cuerpos allí sepultados.

Fernández se remite a la lista de víctimas elaborada según las declaraciones de los deudos.

En otra de las aulas del viejo centro escolar de Putis, y apenas a diez metros de la fosa mayor, se ha detectado otra sepultura clandestina de menor tamaño (3.5 metros de largo por 1.5 de ancho).

En realidad, el mérito de los hallazgos corresponde a los propios comuneros de Putis Gerardo Fernández entre ellosñ que se animaron a volver en 1998, en busca de sus familiares desaparecidos en esa zona.

Ubicaron los lugares hurgando en los restos óseos y de ropa que afloraban a la superficie, pero las versiones insisten en la existencia hasta de cuatro hoyos similares. Todos, rellenos con víctimas de la matanza de 1984.

Una tercera fosa se presume que está taponeada por una pared de la iglesia, que los militares habrían derribado precisamente para que cumpliera esa función. Los pastos naturales encargaron de camuflar aun más el entierro.

De ser así, el agrupamiento de Putis sería uno de los mayores en su género.

Tanto o más intrigante es la historia que llevó a cavar esas zanjas macabras. Sendero Luminoso llegó a la zona en agosto de 1983, y a lo largo de un año presionó, a punta de aniquilamientos, a las comunidades que no se sometían.

Putis parecía una de las menos resistentes, pero tan luego como la base militar se instaló en el pago principal (pago es una de las categorías más pequeñas de poblado rural), la comunidad tomó una decisión.

Resolvió, sostienen sus personeros, concentrar al lado de la base militar a toda la población comunera dispersa en diversos pagos (Rumichaca, Rudio, Pampahuasi, Vizcatanpata, aparte de Putis) con el fin de formar un poblado mayor que tuviera la protección del destacamento armado.

Los militares también alentaron esa medida, pero cuando los comuneros bajaron con su bandera blanca en son de paz sucedió lo contrario, indican los testigos. Agruparon a la gente en la escuela, ordenaron a los varones abrir un hoyo profundo haciéndoles creer que serviría para construir una piscigranja, pero al final de la jornada los mataron casi a todos.

Feliciano Medina, actual alcalde del concejo distrital de Santillana, confía en una versión diferente, según la cual la muerte de los comuneros fue motivada por el interés de los militares y de algunos líderes ronderos de Marccaraccay de apropiarse del numeroso ganado que aquellos poseían.

Sea como fuere, lo cierto es que después de la masacre todo el ganado ovino, vacuno, caballar, mulas, chanchos, llamas y alpacas, hasta los cuyes de los comuneros de Putis, pasaron a poder de la base y fueron comercializados por éstos.

Hasta setiembre de 1984, la comunidad de Putis estuvo conformada por cerca de 150 familias, con una población total de 800 habitantes. Después de la matanza, los sobrevientes huyeron en estampida.

A noviembre del 2001, el movimiento de retorno a la quebrada altoandina de Putis, enclavada a 3,600 metros de altura sobre el nivel del mar, apenas había convencido a unas ocho a diez familias para el retorno al terruño.

Hace tres años, en 1998, la posibilidad de que los primeros retornantes reconstruyeran el pueblo sobre la supuesta fosa que existía bajo la iglesia, y que los cuerpos soterrados quedaran definitivamente perdidos, fue motivo para que comuneros de la zona advirtieran al periodismo independiente sobre la existencia de fosas.

En 1999, reporteros de La República llegaron hasta la comunidad de Marccaraccay para entrevistar a Zacarías Palomino Curo ñguía y testigo de la matanza de Putisñ y acopiar información de fuente directa.

El mismo año, acompañados por un representante de la Defensoría del Pueblo, se emprendió un viaje de reconocimiento a Putis, pero un atentado terrorista en la zona obligó a suspender el proyecto. Hace dos semanas se retomó la tarea.

La matanza de Putis, en setiembre de 1984, se dio en uno de los contextos más críticos de los primeros años de la lucha contra la subversión.

Jaime Antezana, investigador social que ha seguido de cerca el acontecer de la zona, recuerda que Sendero Luminoso presionó intensamente a las comunidades altoandinas de la provincia de Huanta en el segundo semestre de 1983.

Autoridades de los pagos de Cayramayo y de Putis fueron asesinadas por el grupo terrorista, al igual que las de Huancas y Marccaraccay.

Algunas reaccionaron y se rebelaron, pero Sendero no tardó en responder con nuevas ejecuciones. Putis y Cayramayo se dejaron atemorizar, en tanto Huancas, Marccaraccay y Tocasquesera dieron batalla.

A fines de 1983 ñconcluye Antezanañ el Ejército avanzó de pueblo en pueblo hacia las partes más altas. Sendero ya había dado la directiva de replegarse hacia las cuevas y el monte, lejos de sus casas.

Los militares llegaban y no encontraban a los senderistas, y muchas veces tampoco a la población que también huía. Prosperó la idea de que los campesinos se habían enrolado a Sendero. Hubo varios encuentros con grupos comuneros errantes. En ese marco ocurrieron los acontecimientos que motivan este informe.

Con los testimonios de los deudos se han rescatado los nombres de 58 personas cuyos restos estarían enterrados en las fosas de Putis

Pago Vizcatanpata

1) Ramón Condoray Quispe (papá)

2) Monga Huallasco Huamán (mamá)

3) Reynalda Condoray Huayllasco (hermana) (3 años)

4) Urbano Condoray Huayllasco (hermano) (2 años)

5) Juliana Condoray Huayllasco (hermana)

6) Wilfredo Condoray Huayllasco (hermano) (1 año)

7) Elberto Condoray Huayllasco (hermano)

8) Apolinaria Quispe (abuelita)

9) Amadeo Condoray Quispe , tío

10) Sabina Condoray Quispe, tía

11) Ciriano Condoray Quispe, tío

12) Epifania Condoray Quispe, tía

13) Rosa Condoray Quispe, tía

14) Félix Condoray Quispe

15) Benito Flores

16) Demesia Curo Soto

17) Mauro Condoray Curo

18) Lucio Condory Curo

19) Justina Lonasco

20) Marcelino Soto Lonasco

21) Un niño apodado "Otopo" (8 años)

22) Encarnación Coronado

23) Octavio Condoray Ccente (30 años)

24) Dominga Quispe Coronado

25, 26 , 27) Tres menores hijos de Octavio Condoray y Dominga

28, 29, 30) Rogelio Condoray Ccente y dos hijas

31) Emilia Huallasco

32) Fortunato Condoray Huallasco

33) Pastor Condoray Huallasco

34) Rita Condoray Quispe

Pago Cayramayo

1) Guillemo Fernández Quispe 2) Albertina Fernández Quispe

3, 4) Dos hijos de Guillermo y Albertina

5) Ciprián Fernández Quispe

6, 7) Oderón Quispe Saavedra y un hijo

8) Saturna Fernández Huallasco

9) Constantino Quispe Gamboa

10) Odilia Vargas Quispe

11) Juan Quispe Calderón

12) Antonio Quispe Mendoza

13) Herminio Quispe Calderón

14) Andrés Ccente

15) Antonio Quispe Fernández

16) Felícita Curo Quispe

17, 18) Dos hijos de Antonio Quispe y Felícita Curo

19) Sofía Curo Quispe

20) Marcelino Fernández Quispe

21) Filomena Madueño

22, 23, 24) Tres hijos de Marcelino Fernández y Filomena Madueño

Un soldado de la base militar de Putis, en servicio activo cuando se produjo la matanza de setiembre de 1984, prestó a La República el siguiente testimonio. A su solicitud nos reservamos su identidad. A continuación su versión textual:

No hay persona que haya visto con sus propios ojos como yo. Hubo un llamado de pacificación, vengan, no va a pasar nada, por eso estamos acá. Se recogió a la gente de todos los cerros. Ellos han venido con todas sus cosas a Putis para formar un centro poblado, porque pensaban que iban a estar más tranquilos al lado de la base.

Cada uno tenía ganado de 60, 70, 80 cabezas. Entonces, los jefes militares, mayores, comandantes, vieron por conveniente vender 40 toros, 50 toros de los inocentes y obtener regular dinero.

Tenían siete clases de animales para comercializar: ovejas, vacunos, caballos, mulas, chanchos, llamas y alpacas.

Había gente conocida de Marccaraccay que trabajaba con la base militar y que dijeron por qué no matamos a esa gente y declaramos que son terrucos. Todos esos animales los venderíamos y tendríamos plata. Había unos cinco de Marccaraccay, pero la verdad yo no los conozco por sus nombres. Ellos a cada rato venían a la base trayendo el ganado que encontraban por acá, por allá.

Cuando íbamos de patrulla encontrábamos un montón de ganado, ese ganado lo traíamos a Putis. La gente de Marccaraccay se llevaba todo ese ganado. Vieron por conveniente matar a esa gente inocente y quitarle su ganado y venderlo con la gente de Marccaraccay.

Los trajeron por la mañana y los pusieron en ese caserón. Los engañaron, les dijeron vamos a hacer una piscigranja. Acá vamos a hacer un cuadrado de tanto por tantos metros. Fueron más de tres horas. Todos los varones hicieron su propia fosa, ellos mismos. Tiene una profundidad de cerca de dos metros.

Los comenzaron a matar de seis en seis. Una parte de los efectivos estaba más a menos a cuarenta metros, vigilando por donde podrían escapar. El corralón donde los reunieron era el centro educativo. No pretendieron escapar porque estaban acorralados.

Eran 99, pero al final sólo enterraron a 98. Una criatura se metió en un hueco de la construcción, no lo vieron y lo encontraron después de haber cerrado totalmente la fosa. El jefe dijo no, ya no, ya no quiero matar más. Fue un varon de la familia Calderón. Lo llevaron a Marccaraccay, su madre lo reconoció y se lo devolvieron.

Habla Gerardo Fernández Mendoza (43), el comunero de Cayramayo que localizó la fosa mayor de Putis en diciembre del 98.

-Sobre esta fosa concreta, ¿qué sabes? ¿Quién la hizo: los militares o los propios comuneros?

-Los propios comuneros. Desde las seis hasta las 10 de la mañana.

-¿Hicieron hoyos individuales o un gran hoyo grande?

-Un gran hoyo.

-¿De qué profundidad?

-No sé.

-¿Cuántas personas crees que están enterradas?

-Hablaban de tres fosas.

-¿Cuándo encontraron esta fosa (mayor)?

-El 98, en diciembre.

-Antes de enterrar a las víctimas, ¿qué hicieron con ellas según los testigos?

-Las torturaron. Uno por uno les metieron bala. A las señoritas se las llevaban a cada una y las violaban.

-¿En esta fosa habría personas solamente de la comunidad de Putis?

-De la comunidad Putis como treinta personas. De Vizcatanpata como cuarenta, de Cayramayo como treinta, de Rumichaca como diez tantos, de Rudio como veinte. Todos pertenecían a la comunidad de Putis, todos estaban buscando tranquilidad.

-¿Las comunidades guardan listas de sus víctimas?

-Cada comunidad tiene sus sobrevivientes. Ellos sabían la relación, pero de los niños ya nos estamos olvidado. De los mayores sí se sabe. -¿Conoces alguien que logró escapar y observó la matanza?

-Maura Fernández, vive en San Gerardo, antes vivía en Huanta. También mi prima Heli Condoray Huallasco.

-¿Ellos cómo se salvaron?

-En ese rato volvían de Marccaraccay.

-¿Recuerdas los nombres de algunos sobrevivientes?

-Aquí tiene a este comunero. De él ha muerto toda su familia, con dos nomás se ha quedado.

-¿Cómo se llama él?

-Leoncio Condoray Huallasca (ver lista).

Con fecha 13 de Noviembre del 2000, el pleno del Congreso de la República acordó conformar una Comisión Investigadora con el objeto de determinar el origen, el movimiento y el monto actual del dinero existente en las cuentas bancarias que tiene el ex -asesor Vladimiro Montesinos Torres, en el Perú y en el extranjero, como producto de los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas y corrupción de funcionarios, en el período comprendido entre 1990 y el cese de sus funciones como asesor del servicio de inteligencia nacional.

Se designó como integrantes de la referida Comisión a los congresistas Luis Chang Ching, Adolfo Luis Amorín Bueno, David Waisman Rjavinsthi, Ernesto Gamarra Olivares y Ana Elena Townsend Diez Canseco. Posteriormente la comisión fue modificada en sus integrantes con fecha 24 de enero del 2001, por Carlos Cuaresma Sánchez en remplazo de Ernesto Gamarra Olivares, al haberse visionado un video en el pleno del Congreso, en el que el último de los citados aparece involucrado en un presunto acto de corrupción.

En el transcurso de los 210 días aproximadamente de la investigación, período entre el 15 de noviembre del 2000 -fecha de instalación de la Comisión- al 12 de junio del 2001, la Comisión tuvo 159 sesiones entre públicas y reservadas y recibió 145 testimoniales.

La Comisión, para poder llevar adelante el encargo recibido, tuvo diversas líneas de investigación vinculadas al origen de los fondos como narcotráfico, enriquecimiento ilícito, corrupción de funcionarios, lavado de dinero, tráfico de influencias y de armas. Tenemos que destacar que la comisión tiene un acervo documentario en bóveda desagregado en 108 ítems, 1599 volúmenes, lo que configura 1´084,156 folios aproximadamente; mucha información es estrictamente secreta y de seguridad nacional.

Se levantó el secreto bancario a 390 personas y la reserva tributaria a otras 368, entre ex - altos funcionarios del Estado y miembros de la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas. La Comisión interpuso denuncias penales en 15 casos puntuales plenamente identificados de los que resultaron 222 personas denunciadas; asimismo, la Comisión efectuó 6 denuncias constitucionales en las que se encuentran comprendidos 12 altos funcionarios plenamente identificados.

En el curso de las investigaciones desarrolladas por la comisión, se logró detectar distintas cuentas en el extranjero que corresponden a Vladimiro Montesinos Torres, a personas y/o empresas vinculadas con él. Dichas cuentas se encontraron -hasta la etapa que hemos alcanzado en la investigación- en Estados Unidos, Gran Cayman , Suiza , México y Bolivia .

A modo de ejemplo, señalaremos que en el Swiss Bank Corporation, Montesinos abrió cuentas a nombre de distintas empresas como: Delmar Services (marzo de 1993), Cross International (marzo de 1994) y Ranger Limited (agosto de 1994); al abrir estas cuentas, Vladimiro Montesinos intentó ocultar la identidad del verdadero titular, para ese efecto, se constituyeron las mencionadas empresas en países como Bahamas, conocido paraíso financiero, a fin de impedir que se llegue a conocer quién era el verdadero propietario. Los accionistas y directores de esas empresas son a su vez otras personas jurídicas, lo cual hace muy difícil llegar a descubrir quién es el verdadero propietario. No obstante, de la documentación se desprende inequívocamente que Vladimiro Montesinos era verdaderamente el beneficiario de esas cuentas.

Entre las cuentas revisadas, tanto nacionales como en el extranjero de las personas involucradas en transacciones financieras sospechosas, se avanzó la investigación financiera del 42% de las cuentas (164 personas), de las cuales el 10% tienen movimientos significativos (37 personas), el 14% con movimientos pocos significativos (56 personas) y el 18% no registran cuentas (71 personas).

Sólo con los movimientos más significativos se ha determinado lo siguiente: 17 bancos, 32 personas examinadas, 2,016 meses revisados y un movimiento patrimonial total de U.S. $ 368´673, 141 .

La cantidad total de dinero involucrado en los movimientos y transferencias bancarias alcanza la suma aproximada de US$ 246´148, 353 según el siguiente detalle:

Los fondos bloqueados en el exterior a Vladimiro Montesinos y personas vinculadas y que pretenden ser repatriadas al Perú, alcanzan la cantidad de US$ 166´655,214. 29.

Con fecha 15 de junio del 2001, la Comisión Investigadora presentó a la opinión pública una ayuda memoria del trabajo realizado, no constituyendo este informe final, al no haberse concluido con el encargo recibido por lo insuficiente del tiempo y frente a la magnitud de los hechos ilícitos y del número de personas involucradas que sobrepasaron cualquier calculo inicial.

A modo de conclusión debemos señalar que la Comisión, genéricamente conocida como Comisión Waisman, por ser David Waisman R., Congresista y hoy 2do Vicepresidente de La República quien la presidió, reivindica con su valiosa labor la utilidad de la fiscalización parlamentaria tan venida a menos en la ultima década, para identificar a personas involucradas en actos ilícitos y para el esclarecimiento total y pleno de hechos que van en contra de la moral pública y en detrimento del interés nacional.

La investigación parlamentaria, a diferencia de la función jurisdiccional, permite al Congreso ejercer un control sobre los actos del Poder Ejecutivo, mediante la técnica de realizar indagaciones, análisis y búsqueda de la verdad, utilizando declaraciones u opiniones de expertos en determinadas materias y de los propios funcionarios públicos, para hacer efectiva la responsabilidad política de los infractores por violar la Constitución Política del Estado y la legislación vigente.

Es de destacar que el presente articulo aparece en los inicios de una nueva etapa política para el Perú, a escasos días de la asunción al mando de una nueva administración del Estado Peruano y el Congreso instalado el 28 de Julio deberá prolongar el mandato con una nueva comisión recompuesta en sus miembros, para velar por el alto interés nacional de los actos materia de investigación del hoy capturado Vladimiro Montesinos Torres. Este desconcertante caso que ha llevado a estudiosos y analistas a intentar explicar su sorprendente proceder, NO DEBERA VOLVER A OCURRIR EN LA ESCENA NACIONAL. El Congreso Nacional, a través de la Comisión Waisman, tiene información valiosa y exacta sobre las modalidades de la corrupción montesinista y sus métodos para enriquecerse gracias a compras sobrevaluadas de armamentos o mediante cobro de cupos al narcotráfico y esto sin mencionar el chantaje a personas naturales y jurídicas mal ut!ilizando el poder político, lo que constituía una red mafiosa.

Por la Comisión han desfilado testaferros y altos funcionarios públicos, todos al servicio de un todo mal poderoso personaje que es la antítesis de lo que debe ser un verdadero sistema cristalino político peruano; la verdad debe abrirse paso y deberá recaer todo el peso de la ley para que los actos y personajes sean juzgados no solamente por los tribunales formales de justicia sino por lo que es más importante: EL TRIBUNAL DE LA HISTORIA DEL PERÚ.

José Ferreira Echevarría. Abogado. Estudios en la Universidad Complutense de Madrid y Universidad de San Martín de Porres. Asesor de la Comisión Investigadora del Caso Montesinos del Congreso de la República (Comisión Waisman 2000-2001).

octubre-noviembre/2001