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Por Guayú De Falkón
guayú@iespana.es
La
“estrategia” política adoptada en la conducción del proceso de cambios de la V
República no es fácil comprender. El tránsito
hacia la construcción del nuevo Estado aún no ha comenzado del todo. Apenas se
asoman cambios en el horizonte del paquidermo aparato del Estado, el conjunto
de la burocracia estatal puntofijista y bolivariana, se resiste. En la realidad, luego de la promulgación de
la Constitución y del conjunto de leyes que conforman el nuevo cuerpo legal de
la Nación, no se aprecia un efecto sustantivo en la transformación estructural
del aparato del Estado. El conjunto de los avances realizados se deben a un esfuerzo
supremo de los conductores principales del proceso en marcha, el ejecutivo
nacional, el pueblo chavista militante, la creación de cientos de organismos y
mini equipos de todo tipo paralelos a la burocracia que, compiten
desventajosamente con órganos y entes del Estado en la realización de las
tareas que a éste le competen, más el apoyo de una institución del Estado que
cuenta con una potencia acumulada que ha sido la base de grandes tareas de la
revolución ya realizadas; esta última, una institución que nunca había estado
considerada en planificación alguna como ente de ejecución de tareas para el
desarrollo nacional, por tener como el principal propósito de sus funciones la
defensa de la Nación: La FAN. Pero el
conjunto de los órganos, entes y demás instituciones del Estado poco o casi
nada han aportado a los avances y logros alcanzados en cinco años.
Las
leyes no hacen revolución, sólo reglamentan las revoluciones o las
contrarrevoluciones, comenta el cubano Fernando Martínez Heredia en “Corrimiento
hacia el rojo”, una obra crítica del proceso revolucionario cubano. Este nos recuerda que en la Revolución
Cubana, una de las primeras medidas del gobierno revolucionario fue dictar una
Ley de reforma agraria; pero hubo que violarla para que su espíritu se hiciera
realidad. De acuerdo con éste
intelectual cubano, la reforma agraria cubana se realizó en contra de la Ley
que el gobierno revolucionario dictó para llevarla a cabo, y a pesar de ella.
El
proceso revolucionario cubano muy temprano adoptó como premisa los paradigmas
del socialismo real, los cuales consideraban la redistribución de la propiedad
privada de los medios de producción y la eliminación del sistema capitalista
(paradigmas que no existen en el proceso de cambios venezolano), medidas que
contaron con el apoyo de la mayoría del pueblo cubano. Además de todo lo anterior, en Cuba la toma
del poder se realizó mediante la insurrección armada, y con todo eso, los
campesinos, el pueblo y los revolucionarios tuvieron que violar la Ley de reforma
agraria para poder realizarla.
La experiencia cubana nos proporciona una idea del
por qué en Venezuela, luego de 2 años de la promulgación de las 48 leyes de la
Ley Habilitante, no sólo se ha avanzado poco en el terreno de la redistribución
de la tierra mal habida y ociosa en manos de los latifundistas, sino que la
oligarquía agraria ha asesinado a más de 75 dirigentes campesinos y llevado a
la Ley de Tierras por los caminos tortuosos de la burocracia jurídica, donde el
puntofijismo y la oligarquía tienen el control de un Poder Judicial que pone a
diario trabas intentando dar marcha atrás a la Ley de Tierras.
Ante
hechos como los antes señalados, cabe interrogarnos sobre el rumbo por donde
nos lleva el liderazgo. El proceso
bolivariano se planteó en su marco constitucional, transformar el Estado de
Derecho de Democracia Representativa existente, en un Estado de Derecho y de
Justicia de Democracia Participativa y Protagónica. Aunque el poder político bolivariano fue conquistado mediante 7
procesos electorales, su valoración como rector del Estado no es respetado por
los sectores sociales de clase media alta empresarial ni por la oligarquía
económica. A la hora de hacer valer
ante estos últimos el derecho conquistado democráticamente en las urnas, el
liderazgo bolivariano choca con la realidad y pierde el control de la
gobernabilidad política a menudo.
Nos asoma la duda si las dificultades que atraviesa
la conducción del proceso de cambios estructurales derivan de una acción
intencional, inmersa en una propuesta que, intenta realizar una
revolución política y social a través del convencimiento y no mediante el
vencimiento del contrario, un camino diametralmente opuesto al seguido
por todas las anteriores revoluciones conocidas. Ahora bien, si los sucesos que vivimos corresponden a la reacción
a una acción consciente, intencional, y no es la imagen de la resistencia de la
vieja clase política clientelar, que se niega a perder el control del Estado
porque el poder bolivariano aún no la ha podido vencer, cabe la pregunta, para
conocer, si el liderazgo ha considerado en su estrategia convocar a una
consulta para decidir si continuamos por ese camino. Continuar por él es tomar una decisión de grandes
dimensiones. La
Constitución institucionalizó el referendo aprobatorio para la toma de
decisiones que tengan consecuencias sobre la población. Estamos frente a una de esas situaciones
donde se tiene que convocar a quienes serán afectados por las decisiones para
decidir: a quienes apoyan el proceso de cambios. El qué hacer ante esto, presenta una
oportunidad para que sea una decisión -y a la vez una muestra- de la acción de
la Democracia Participativa y Protagónica.
Si los hechos y sucesos que vivimos y padecemos se
corresponden con una reacción a una acción intencional, como se deja colar
mediante varios discursos intelectuales, los delicados hechos generados por tal
acción nos indican que, el liderazgo bolivariano está moralmente obligado
a activar la participación protagónica del pueblo para decidir las próximas
máximas estratégicas.
El pueblo venezolano, el chavismo militante y
quienes apoyamos el proceso de transformaciones profundas, tenemos que
participar en la toma de decisiones políticas y no tan sólo en la ejecución de
las decisiones que ya ha tomado el liderazgo, como ha sido hasta ahora. Los mecanismos para participar en la toma
de decisiones políticas tienen que crearse con urgencia, con carácter
participativo, donde se practique una horizontalidad racional,
con conciencia de la necesidad de jerarquías de dirección y
autoridad. Una horizontalidad
racional no anárquica se puede poner en práctica sin
poner en riesgo la necesaria autoridad jerárquica. Insistimos en lo imperativo de practicar la corresponsabilidad en
la toma de decisiones de la conducción política, y a la vez, en
lo negativo que resulta convocar la corresponsabilidad sólo para que el
pueblo y los revolucionarios asuman los problemas que el Estado no puede o no
quiere resolver. Si se asume
este paso propuesto, el liderazgo nos pondría en el rumbo hacia la Democracia
Participativa y Protagónica real. Se
correspondería esa decisión con las que el liderazgo del proceso de cambios
bolivariano requiere tomar para materializar todas sus premisas.
El
discurso que argumenta encontrarnos en medio de un proceso de transición para
justificar errores, incapacidad, debilidad, ignorancia, mal intención,
dogmatismo y la praxis de una asimilación cultural neoliberal, es
perverso. El Comandante Chávez a veces
pone al Ché Guevara como ejemplo de lucha y valor revolucionario. Habría que añadir a ello lo que el mismo
Martínez Heredia, antes mencionado, reflexiona sobre el Ché cuando nos comenta
-guardando las distancias, procesos, sucesos, hechos y circunstancias donde
éste participó- que Ernesto Ché Guevara, en Cuba, insistía mucho que los
revolucionarios debían practicar e impulsar los principios e ideales comunistas
desde el comienzo de la revolución, argumentando que había que hacerlo (citamos
de memoria) “aunque nos pasemos
doscientos años construyendo el socialismo”.
Para el Ché el tránsito no era una excusa para
resistirse a cambiar la sociedad.
Impulsar este principio defendido por el Ché adaptado a la construcción
de la Democracia Participativa, serviría para medir cuántos líderes bolivarianos
estarían dispuestos a practicar en su vida diaria este principio ético. Sería
un buen purgante para la V columna enclavada en las filas bolivarianas.
Nos hemos enfrentado a un golpe fascista, un paro
empresarial sedicioso, una acción terrorista de parte de la burocracia estatal,
una conspiración pasiva permanente de las instituciones universitarias y una
conspiración activa permanente de los colegios profesionales; y hoy enfrentamos
en nueva conspiración interna fascista con apoyo internacional múltiple. Contrariamente a lo que expresa una consigna
hoy en boga, más romántica que política, argumentamos que esta vez el fascismo
no vendrá como lo hizo el 11 de Abril del 2002; por lo tanto, no es previsible
conocer cómo responderá el pueblo
llegado el momento. El rumbo que tome
el conflicto político en una nueva confrontación no es previsible mediante una
bola de cristal, ni tampoco será guiado por los deseos.
Lo expuesto arriba nos indica que a diversos
sectores políticos y económicos habrá que vencerlos con la movilización popular
revolucionaria de las masas y por la fuerza.
El abuso -o la ignorancia- de intentar convencer a quienes solamente
esperan una oportunidad para asesinarte, no sólo es una locura, sino que choca
con el más elemental ejercicio de racionalidad. Si no se convence o se vence rápido a quienes aún controlan gran
parte de la vida económica y social de la nación, mediante el uso de la fuerza
legal que otorga el ejercicio del gobierno para el control y funcionamiento del
Estado, corremos el riesgo que el próximo intento de derrocamiento del
gobierno, de seguir el camino del convencimiento actual, arruine para siempre
la posibilidad de salir de la miseria y la escasez perpetua en que vive aún el
80% de los venezolanos.
Derrotar a la contrarrevolución luego de otro
intento de golpe, paro o escalada terrorista como en abril y diciembre de 2002,
puede acarrearnos muchas más dificultades y penurias que, si con la fuerza
legal del poder del Estado, se desaloja a la oligarquía y la burocracia
puntofijista de los poderes y los bienes públicos que manipulan y
detentan. El gobierno nacional tiene
que dejar de amenazar y pasar a actuar.
Hace tiempo que llegó la hora de hacer sentir el poder que el gobierno
bolivariano tiene derecho a ejercer. El
liderazgo no puede maniatarse por el chantaje del discurso de los derechos
humanos, los cuales el gobierno ha respetado más que ningún otro gobierno de
democracia liberal del continente y del mundo; aún, en las más extremas
situaciones.
De acuerdo al presidente Chávez, y también lo
pensamos así, las nuevas reglas del juego nacional están en la Constitución de
1999. Pero de acuerdo con lo que el
propio comandante Chávez ha enseñado a la población, la Constitución encierra
un mandato legal; eso, traducido en lenguaje coloquial representa una
obligación, una exigencia. Es el máximo
mandato legal a cumplir en la nación venezolana, por todas sus instituciones y
toda la población.
En este punto nos diferenciamos del máximo
Comandante de la Revolución Bolivariana.
Creemos que un mandato es para cumplirlo. La Constitución de 1999 contiene unas exigencias que no
admiten la discusión si hacerlo no hacerlo; lo único que admite es la
discusión para acordar cómo, y quizás cuándo hacerlo; pero qué
hacer, dónde hacerlo y con quiénes, está definido: Construir un Estado de
Derecho y de Justicia de una Democracia Participativa y Protagónica, instalar
la V República en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela
mirando hacia integración de los pueblos de los territorios de Latinoamérica,
con los venezolanos, los latinoamericanos y todos los demás hombres y mujeres
que escogieron para vivir nuestro territorio y el de la Patria Grande. Y a la oligarquía y a la clase media alta
empresarial se les ha permitido negarse a cumplir con el mandato; más aún, se
les ha rogado hacerlo una y mil veces, y de igual manera, ellos, una y mil
veces han respondido con sabotajes, violencia, terrorismo y muerte.
No se puede rogar ni pedir por favor a la oligarquía
y a la burocracia puntofijista para que respeten y cumplan la Constitución. ¡Hay
que exigírselos! El Gobierno y toda la población que apoya el proceso
de cambios tienen el derecho de exigir su total cumplimiento. Si se resisten a cumplirla tiene que
obligárseles con el uso del poder legal con que cuenta el Estado.
No se puede seguir rogando ni convenciendo a quienes
no aspirarán nunca obedecer la Ley, ni tampoco cambiar sus actitudes en el uso
de las instituciones y bienes públicos.
El Gobierno de la V República le ha otorgado a la “universidad” de la
4ta república, durante cinco años, un multimillonario presupuesto de gastos que
sólo en el año 2003 llegó a la suma de tres mil millardos de bolívares (Bs.
3.000.000.000.000), financiando así, con los dineros del Estado, la
conspiración abierta contra la propia fundación de la V República. Lo mismo sucede con otras instituciones y
organismos del Estado.
Sortear la negativa de la burocracia puntofijista,
del empresariado neoliberal y de la oligarquía en aceptar las nuevas reglas
constitucionales, construyendo mini gobiernos, equipos paralelos de dirección
estatal, o atajos de cualquier tipo, sin quitarles el poder, las instituciones
y el presupuesto de gastos al puntofijismo burocrático y a la oligarquía, es un
error de grandes dimensiones. Actuar
así no sólo refuerza la posición de la contrarrevolución interna y externa,
sino que se deja al libre albedrío el cumplimiento de los planes estatales que
adelanta el gobierno bolivariano, haciendo cuesta arriba la transformación del
Estado. Hacer esto, día tras día
aumenta la carga burocrática, e impulsa a un elevado costo económico y social
los avances y logros del proceso de cambios.
La contrarrevolución usa el presupuesto y las
instituciones del Estado para minar el proceso de cambios a su antojo, sin
oposición ni control real de bolivariano alguno que lo impida en el interior
del aparato público. Actúa protegida
por la sombra de una estrategia de Publicitación de las
controversias y enfrentamientos que, entre el gobierno y la oposición, se
generan a diario en las cúpulas del poder institucional. Su propósito es ocupar la totalidad del espacio informativo
mediático con la imagen de los escándalos diarios generados de lado y lado,
manipulados a discreción, y gran parte de ellos forman parte de un guión
conspirativo en pleno desarrollo. Una
sutil estrategia -planificada quizás por la CIA u otro organismo de
inteligencia externo, o una red de ellos- no permite ver a nadie -que no se
detenga y se dedique a hacerlo- el terreno minado que, en todo el Estado, está
bajo el dominio del puntofijismo, la oligarquía, el fascismo y el imperio
neoliberal; terrenos que para el pueblo y los bolivarianos es urgente
conquistar.
Medios de comunicación Estatales o bajo control del
Estado es necesario rescatar para enfrentar la guerra mediática que hasta hoy
ha ganado la oposición. El comandante
Chávez, aun cuando no sea parte de la enseñanza militar que recibió, tiene que
empezar a considerar los medios de comunicación como los usan nuestros
enemigos: nuevas armas de guerra. Así
le cueste, el Máximo Comandante de la Revolución Bolivariana está obligado a
ver el espacio ocupado por las ondas hertzianas como un escenario de guerra real
más; y uno de gran importancia. De una
importancia que ha sido despreciada del todo por el liderazgo, cuando vemos las
medidas, avances, retrocesos, contramarchas y vueltas a empezar desde el
comienzo, de todos los que hasta ahora se han encargado de la comunicación e
información bolivariana. Aunque
produzca irritación a muchos, no podemos dejar de mencionar que muchas veces,
da la impresión que la comunicación e información bolivariana está dirigida en
gran medida por la CIA o la oposición.
Muchas situaciones de conflictividad emocional
social se desatan por la complementariedad entre la comunicación gubernamental
y la del golpismo. Los medios de
comunicación no son juguetes. No se
pueden poner en manos de quienes desean juguetes comunicacionales para
entretenerse junto a sus más allegados; eso no es revolucionario ni responsable
con la revolución. Hay que poner al
frente de los medios de comunicación a quienes tienen capacidad para enfrentar
los problemas y construir o buscar las soluciones; pero no a incondicionales
que agachan la cabeza ante las barbaridades y la ignorancia en materia
comunicacional e informativa, para conservar un sueldo, privilegios o unas
comisiones. Mucho menos cuando los más
grandes enemigos de la revolución bolivariana están relacionados con
transnacionales del sector que cuentan con la protección del imperio
neoliberal. Si aquí no hay hombres y
mujeres capaces para satisfacer las necesidades comunicacionales de la
revolución bolivariana, hay que buscar cómo superar la dificultad donde sea
posible. Hay que quitarle el manejo de
la solución del problema a los comerciantes y comisionistas bolivarianos,
porque de esa manera tampoco tendremos soluciones sino que aumentaremos los
problemas.
No se puede negar a la comunicación, por
ignorancia, los cien o mil millones de dólares que necesita para enfrentar la
guerra mediática, y luego discursear al pueblo para que trabaje y se sacrifique
para superar el boicot que se lleve a cabo contra la Nación. Sólo en el año 2002, el boicot generado por los golpistas produjo
una pérdida de 30 mil millones de dólares del producto interno bruto (PIB),
suma treinta veces mayor que la inversión en soluciones comunicacionales que
requiere la construcción de la Patria Bonita.
Es irracional esperar perder miles de millones de dólares más, para
invertir en la solución del problema de la gobernabilidad, adquiriendo para la
República Bolivariana de Venezuela un potente sistema de comunicación
contemporánea.
Errar otra vez, para el Comandante Hugo Chávez Frías
significará, lo más probable, que no contará con una segunda oportunidad como
sucedió el 11 de abril. Y, a excepción
que el comandante haga milagros superiores a los del Nazareno, parafraseando lo
señalado hace unos meses el profesor Heinz Dieterich, lo más probable es que
utilizar en estos tiempos las tácticas políticas que Jesús empleó hace más de
dos mil años, cuando entre la espada, el cuchillo, las lanzas, las piedras y
los palos como armas de guerra, no existía una gran diferencia entre la
potencia exterminadora contenida en cada una de ellas, la diferencia existente
hoy entre éstas, los cañones, aviones de guerra, armas biológicas, químicas y
mísiles nucleares, hará que termine junto a sus seguidores y muchos de quienes
lo apoyamos, “crucificado por los nuevos romanos”.
Una manera de impedirlo, además de enfrentar en
condiciones mínimas la guerra mediática es, poner a funcionar la
administración pública bajo un plan general nacional coordinado, con metas,
acciones, planes, evaluaciones e informes de todos los que en dicho plan
participen: instituciones e individuos. De esta manera se contendría la conspiración de baja intensidad
que se realiza impunemente a la vista de todos sin poder detenerla. Allí se obtendrán resultados positivos contra
la V columna, sin acabar en una vulgar cacería de brujas como hasta ahora han
terminado los esfuerzos aislados de transformación y toma del control del
Estado. Sin un Plan Nacional
general coordinado la lucha contra el puntofijismo en el aparato del Estado es
una patraña o un autoengaño.
La incapacidad en convencer o ejercer
el poder total del Estado, para vencer las dificultades
materiales y humanas existentes en el ejercicio de la función pública, pone en
riesgo, cada día más, las esperanzas de los excluidos de siempre, para que las
mejoras mínimas logradas hasta ahora en salud y educación, sean ampliadas a la
esfera de la alimentación, la recreación, la vivienda y el empleo.
Continuar
por un sendero de sacrificios y supervivencia diaria, a pesar de lo que indica
la racionalidad, la experiencia y la ciencia, puede conducirnos al camino
nicaragüense en unos años más, sin ni siquiera darnos cuenta, si entramos
en el laberinto que construye el empecinamiento místico voluntarioso en contra
de lo que indica la racionalidad.
Aunque la oligarquía, el puntofijismo y el imperio neoliberal no
derroquen al gobierno en sus nuevas intentonas; y más aún, así cuando logremos
victorias gloriosas en términos políticos y bélicos, lo más seguro es que
obtengamos una victoria pírrica en términos económicos. Al final, la victoria heroica se traduciría
en una derrota.
La
pérdida de la Revolución Bolivariana puede llegar por la vía de la inviabilidad
económica: la bancarrota. Y por los
hechos que se desarrollan ante nuestros ojos, podemos apreciar que ese es el
camino escogido por los enemigos de la democracia y de la libertad de los
pueblos. ¡Sólo con la exigencia del cumplimiento del texto constitucional
apoyados en la fuerza legal del Estado en manos del Gobierno Bolivariano, junto
a la movilización revolucionaria de la fuerza de las masas, cerraremos el camino nicaragüense de la
regresión contrarrevolucionaria que la oposición política, la oligarquía
empresarial, el fascismo criollo y el imperio neoliberal nos vienen imponiendo!
Caracas, noviembre de 2003
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