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Si los 40 años de democracia puntofijista en Venezuela instalaron mecanismos reproductores de sus intereses que con el paso del tiempo se transformaron en perversiones, ha sido desde las universidades públicas el sitio desde donde esos aprendizajes se hicieron carne y aún realizan su expansión social. La desidia, la doble moral, la irresponsabilidad, la carga burocrática excesiva, el chantaje, la cayapa, la operación colchón, el falso ejercicio profesional o estafa académica a la sociedad, el reclamo inmoral de derechos adquiridos, el control paquidermo de la política y dirección de la institución a través del voto de jubilados que extiende el espacio temporal del caudillismo puntofijista e impide la renovación generacional; sumado a lo obsoleto de equipos e instalaciones de algunas facultades, los negociados privados con los manejos de instituciones y departamentos con grandes gastos de funcionamiento, más el despilfarro, mala inversión y depredación masiva de los recursos económicos que otorga el Estado central sin ningún control o castigo debido la enorme impunidad amparada por la “autonomía universitaria”, hace necesaria una salida práctica y real a la inutilidad de lo enseñado y aprendido en las casas de estudios superiores públicas venezolanas. Esto significa el cierre y apertura de nuevas instituciones de educación superior públicas: universidades con reglamentos, administración, dirección, fiscalización, currículo y docentes consustanciados con el proyecto de país establecido en el marco de la Constitución Bolivariana de Venezuela.
El debate político en las universidades públicas es prácticamente nulo. El que se realiza, está mediatizado y tiene como participantes a los mismos actores que tienen la educación superior en el actual estado de postración; éstos, con sus maquiavélicos aprendizajes, impiden cualquier tipo de participación política que no sea la que ellos hasta ahora han sostenido a sangre y fuego: la exclusión de todo aquel que intente acabar con el caudillismo, la corrupción y la enseñanza de contenidos desfasados e inútiles.
Por lo general, los que se oponen al actual curso que llevan las universidades
públicas terminan fuera de la institución o segregados y arrinconados dentro
de la misma a merced de los grupos de poder. Si es un estudiante como mínimo
pasa por la operación colchón si es hembra, no tiene becas ni reparaciones,
para él no hay otro chance, le dan palizas, lo roban, se pierden sus notas
en control de estudios, sus certificaciones se demoran, su graduación siempre
se realiza en el siguiente semestre. Si es profesor contratado nunca será
titular ni tendrá una carga académica que le reporte un salario decente; si
es profesor titular, sus cheques llegarán tarde o serán mal hechos, sus préstamos
nunca salen, sus adelantos de prestaciones sociales nunca son posibles, el
horario de su carga académica es horrorosamente difícil de cumplir con agrado,
nunca llega a ser jefe de departamento ni miembro del consejo de facultad,
sus trabajos de ascenso son rechazados, nunca hará un postgrado, las notas
de sus alumnos son extraviadas por control de estudios cargándole los reclamos
de los estudiantes, los decanos los obligan a cumplir con las labores extra
académicas rechazadas por los benditos del poder universitario.
Quizás, dentro de este real panorama universitario, lo verdaderamente difícil
sea decidir que es lo más malo o perverso entre la pésima administración,
el desfalco financiero del presupuesto anual de las universidades, cajas de
ahorro, fondos de pensiones, fundaciones y fideicomisos o la mala docencia,
el desfase del contenido académico, la irrealidad de la pertinencia social
universitaria, la falta de interacción con la producción nacional, la carencia
de investigaciones que produzcan conocimientos que solucionen necesidades
nacionales, o todo lo anterior contrastado con la concesión de irreales
y falsos doctorados, maestrías, especializaciones y pregrados en todos los
campos, los que tan solo representan pergaminos enrollados, tubos de cartón
para guardarlos, tinta china y el recuerdo fotográfico de una fiesta de disfraces
con toga y birrete.
Tenemos universidades que no llegan a liceo, miles de docentes y profesionales
que no lo son o hace tiempo que dejaron de serlo y aulas llenas de estudiantes
a los cuales se les enseñan profesiones con contenidos académicos que tiempo
atrás dejaron de ser útiles a la producción y a la sociedad. En otras palabras,
tenemos un conjunto de instituciones universitarias, docentes,
graduandos, e instituciones de investigación y contenidos académicos que carecen
de significados reales. Pasaron a ser irrealidades hace mucho
tiempo y su existencia se debe a la ceguera colectiva sembrada por los paquidérmicos
tuertos académicos que tenemos. Estos, no resistirán ni una pequeña
arremetida social masiva para eliminarlos y reemplazarlos por las nuevas realidades
académicas pertinentes y necesarias para edificar la educación superior universitaria
contemporánea.
Desde las universidades públicas la clase política hoy desplazada del poder
central expandió la corrupción hacia la sociedad venezolana entera. En la
academia pública venezolana se estableció y se extendió la reconocida e inmoral
sociedad de cómplices. Cualquiera puede recoger cientos de miles de situaciones
ocurridas durante estos cuarenta años que confirman con creces lo dicho anteriormente
y dejan en minusvalía la crítica hasta aquí llevada a cabo.
Los profesionales del derecho egresados de las universidades públicas corrompieron
o dejaron corromper el sistema judicial, convirtiendo la administración de
justicia en una injusticia de mercado o en un gran mercado de injusticias.
Profesionales de la educación mantienen la expansión continua del analfabetismo
funcional que se sumó en los últimos años al analfabetismo informacional que
acompaña al desarrollo material de la sociedad. Profesionales de las escuelas
de contadurías de las universidades públicas fueron los profesionales de la
contabilidad que durante años convalidaron las auditorias y estados financieros
con los cuales los banqueros prófugos estafaron al sistema financiero nacional;
y hoy, aún continúan extendiendo balances y estados financieros falsos a todo
aquel que les pague por ello. De las universidades públicas salieron los ingenieros
que han permitido el desfalco de los presupuestos de la infraestructura pública
a través de las deficientes obras de ingeniería que tienen una efímera duración
o que a veces nunca sirven a los propósitos para los cuales fueron diseñadas.
Profesionales de la medicina egresados de las universidades públicas gratuitas
son los que depredaron los hospitales y sus presupuestos; muchos se enriquecen
comerciando con el dolor ajeno al concebir el ejercicio profesional de la
medicina como cualquiera mercancía escasa. Escasez de asistencia médica sostenida
por una política de matrícula deficiente y execración de los estudiantes provenientes
de los sectores sociales deprimidos de las facultades de medicina de las universidades
públicas venezolanas.
De todo esto, lo más escabroso es que hasta ahora unos “marcianos”
continúan la defensa a ultranza de la autonomía universitaria de las universidades
públicas, con el argumento de una educación superior gratuita y “popular”
que hace muchos años dejó fuera de su seno, a los estudiantes provenientes
de los sectores sociales más necesitados del país. ¿Cuántas residencias universitarias
para los estudiantes que vienen de los sectores sociales más deprimidos del
país han cerrado sus puertas, cuántas aún existen y cuántos estudiantes alojan?
¿Qué número de estudiantes pobres ingresa a las carreras de medicina, arquitectura,
derecho, ingeniería, odontología o comunicación social? ¿Quiénes se benefician
de las becas Gran Mariscal de Ayacucho? ¿A quiénes se les conceden las becas
servicio y a quiénes las becas completas en las universidades públicas? ¿Quién
es quien en las universidades públicas venezolanas?
Cualquiera revisión imparcial del componente social de las universidades arroja
como resultado la exclusión total de los sectores sociales que más necesitan
de la educación universitaria gratuita que ofrecen las universidades públicas.
¿A quién defiende la capucha cuando dice actuar para salvaguardar la autonomía
universitaria? ¿Defiende acaso al pueblo oprimido explotado y segregado de
la educación superior o a las castas burocráticas y sectores económicos dominantes
que excluyen a los hijos del pueblo de las universidades públicas gratuitas?
¿Un lote de chigüires histéricos incapaces de ver y comprender la realidad
son de verdad la representación moralmente genuina y suficiente de la presencia
del pueblo oprimido y pobre en las universidades públicas?
Viejas conquistas sociales de los gremios universitarios aceptadas por el
Estado, convalidadas por las autoridades universitarias de su tiempo y avaladas
como progresistas y revolucionarias por la izquierda militante de las casas
de estudios superiores, se han transformado en una inaceptable e inmoral ventaja
en contra de las aspiraciones de ingreso a la universidad pública de los hijos
del pueblo venezolano. Son otra expresión del ventajismo insolente e inmoral
del aparato burocrático universitario público. En una población de empleados
universitarios saturada, en su gran mayoría innecesaria, el derecho adquirido
por éstos para la entrada de sus hijos a la educación superior universitaria
garantizado por cláusulas contractuales, acapara desde hace tiempo la mayor
cantidad de cupos de ingreso para las carreras socialmente más solicitadas.
En otras palabras, el crecimiento de la población estudiantil y
la incapacidad del Estado para ampliar el cupo existente o construir más universidades,
hizo de la educación superior impartida por las universidades públicas un
privilegio exclusivo que beneficia principalmente al exagerado, casi inútil
y corrupto aparato burocrático universitario clientelar que instaló el puntofijismo
amparado por legales beneficios contractuales. Preguntamos ¿Hasta cuándo se
sacrificará al país en nombre de derechos adquiridos, ayer morales y hoy inmorales?
La comunidad universitaria de hoy es paquidérmicamente conservadora y reaccionaria,
hasta el punto que los filósofos “progresistas” que pernoctan
en ella no se han dado por enterados de lo siguiente: La universidad
pública puntofijista dejó de ser una realidad racional necesaria. Pasó a ser
irracional no necesaria y necesario de eliminar. Esperamos que
nuestros “filósofos” no intenten oponerse a los hechos ni al proceso
en el cual la población venezolana entera arremeterá contra el espejismo que
hoy representa la universidad puntofijista y quienes defienden los privilegios
que allí se detentan.
Los cambios son difíciles de aceptar, más si la quietud eterna y el parasitismo
están identificados con la estabilidad. Pero muy a pesar de ese aprendizaje
del pasado reciente enseñado por la misma universidad pública, la nueva estabilidad
está representada por el cambio constante en todas las esferas de la vida.
La universidad, y por lo tanto la educación superior, tienen que incorporarse
al cambio ineludiblemente para seguir existiendo; pero, no al cambio al que
están acostumbradas las universidades públicas, el gatopardiano, de cambiarlo
todo para que nada cambie.
Si las universidades no son sometidas a un nuevo diseño de las mismas, no
a una reforma sino a una nueva construcción, todas las políticas del Estado
y la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, junto con
el nuevo proyecto de país serán imposibles de materializar. La contradicción
entre lo viejo y lo nuevo sin salidas reales civilizadas, puede estallar en
una violencia que nos haría ver como juegos de niños los acontecimientos del
27 y 28 de Febrero de 1989. Esto último no es terrorismo literario ni chantaje
verbal. Ha llegado el momento de dejar de jugar con candela. Miremos al vecino
país y remojemos nuestras barbas.
Se agota el tiempo para que la sociedad entera, especialmente los sectores
que más requieren de la educación que imparte la universidad pública, se quiten
la venda de los ojos y se dispongan a participar activamente en la construcción
de la nueva Universidad Bolivariana. Nadie cambiará
la universidad por nosotros. Tampoco una reforma hecha por los universitarios
que tenemos producirá el resultado que el país necesita. Sería
idiota e irresponsable dejar en las manos que condujeron la educación superior
pública al estado en el que hoy se encuentra, diseñar y construir la nueva
universidad que el país necesita. La Universidad Bolivariana sólo será válida
si es edificada a la medida de las necesidades de toda la sociedad.
Nuestra misión es doblar las campanas por la universidad pública puntofijista,
garantizando que si preguntan ¿por quién doblan? no respondamos: Es por nosotros.
Febrero de 2000
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