El plan Baker se basa en una oferta elaborada por el Gobierno marroquí, en la que se abandona la vía del referéndum de autodeterminación y se establece que el Sáhara Occidental acepte una autonomía con competencias en materia de educación y recursos naturales dentro del reino alauí. El Frente Polisario, partido político que representa a los refugiados saharauis exiliados en Tinduf (Argelia) ha rechazado rotundamente la propuesta, respaldado por el Gobierno de Argel. No obstante, la ONU ha ampliado el mandato de la MINURSO (Misión e la ONU para el Referéndum en el Sáhara Occidental) cinco meses más, durante los que espera llevar a cabo negociaciones entre las partes para limar diferencias sobre el plan Baker y conseguir que finalmente sea aceptado. Resolvería así un conflicto enquistado en el Magreb desde hace 26 años.

Lo que Baker propone es que un cuerpo electoral basado en el censo provisional de 86.381 electores elaborado por la MINURSO elija un parlamento y un gobierno autónomo en el Sáhara Occidental. Estas dos instituciones reunirían competencias en materia de cultura y educación, así como en la gestión de recursos naturales. Mientras, las competencias fiscales y el mantenimiento del orden quedarían en manos de Marruecos. El resultado sería una autonomía con un nivel de autogobierno muy inferior al de cualquier comunidad española.

Según este plan, la autonomía funcionaría cinco años. Al cumplirse este plazo, la población sería consultada sobre si desea seguir  bajo esta forma de autogobierno. Se trata, pues, de un referéndum de confirmación de la pertenencia del territorio a Marruecos, aunque con un estatuto especial. La opción de la independencia quedaría eliminada de este referéndum, aunque puede decirse que la consulta en sí es llevada a cabo, lo que favorece cualquier justificación ulterior para las partes.
 

El plan Baker se inspira, en realidad, en una propuesta elaborada por Marruecos, a instancias del secretario general de Naciones Unidas. Kofi Annan animó a Rabat, en febrero de este año, a preparar una oferta en la que estuviese "dispuesto a ofrecer o apoyar alguna devolución de la autoridad gubernamental para los habitantes o antiguos habitantes" del Sáhara Occidental. Según la iniciativa marroquí, en la consulta popular queda prohibido expresamente lo que Rabat llama "secesión", es decir, la opción de independencia. En dicho referéndum podría participar cualquier ciudadano marroquí que residiera en el territorio un año antes de celebrarse la consulta. La oferta de Marruecos propone un gobierno autónomo con la creación de un Consejo Ejecutivo, con competencias educativas, culturales y de recursos pesqueros, pero no en materia de asuntos exteriores, defensa, interior, seguridad, finanzas, moneda, aduanas, comunicaciones. Estas quedan en manos de Marruecos. Este Consejo sería elegido por el censo elaborado por la MINURSO, mientras que un órgano legislativo sería votado por todos los habitantes actuales del territorio que hayan residido hasta el año 2000.

Tras cuatro años, el Consejo Ejecutivo sería renovado, esta vez elegido por el Consejo Legislativo. El nuevo Ejecutivo discutiría con Marruecos el estatuto final del territorio. Como puede verse, el plan Baker sólo difiere ligeramente de la propuesta original.

James Baker está convencido de que sólo se resolverá el conflicto mediante negociaciones políticas entre Marruecos y el Frente Polisario y presentó el plan, detallado en el informe del secretario general del 26 de junio de 2001, ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Éste aprobó, el 29 de junio, la prolongación de las actividades de la MINURSO hasta el próximo 30 de noviembre. El Consejo de Seguridad aconsejó que, durante este periodo, ambas partes estudien una nueva solución política, aunque sin abandonar el Plan de Arreglo que garantiza un referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui. La resolución del Consejo de Seguridad no estuvo exenta de malabarismos diplomáticos con el fin de apoyar a Baker y Annan sin declarar nulo el Plan de Paz elaborado por la propia ONU en 1991.

Mientras la tercera vía tomaba cuerpo, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) hacían un llamamiento urgente para que se garantizaran las necesidades alimentarias para los más de 180.000 refugiados saharauis de los campamentos de la hamada argelina. Las agencias humanitarias han pedido a la comunidad internacional 1,2 millones de dólares al mes para suministrar la ayuda requerida por los refugiados. Éstos han visto sus raciones alimentarias mensuales reducidas en un 30% desde finales de 2000. Ante esta situación, la penuria alimentaria "corre el riesgo de ser alarmante de aquí a septiembre", según el director de la oficina del PMA en Ginebra, Werner Schleiffer. 

Todo indica que estos meses serán cruciales para desbloquear el conflicto, que se encuentra en un callejón sin salida desde que, en 1999, Marruecos presentara más de 135.000 recursos al censo de votantes elaborado por la MINURSO. Este desentendimiento entre las partes a la hora de establecer una lista de votantes con derecho a participar en el referéndum que elegiría entre independencia o integración en Marruecos ha dado lugar a múltiples retrasos en la fecha de su celebración. El bloqueo de la situación llegó a tal punto que Kofi Annan tuvo que reconocer que las posibilidades de que se celebre la consulta son "cada vez más remotas". El tiempo pasa y sólo juega a favor de Marruecos, mientras desgasta las esperanzas de los saharauis.

Cuando se cumplen dos años de la llegada de Mohamed VI al trono marroquí –tras la muerte de su padre, Hassan II, en julio de 1999– hay ya algunas voces que sienten que sus esperanzas de cambio se están frustrando. Los sectores críticos de Marruecos han denunciado la lentitud y la escasez de reformas llevadas a cabo por el nuevo monarca. El Gobierno sigue sin tener poder de decisión en un país donde cualquier paso debe estar aprobado por el rey. Algunos de los gestos del monarca, como su reciente reconocimiento de la identidad cultural beréber, no pasan de ser simbólicos. Mohamed VI no ha anunciado ningún programa concreto de reformas para, por ejemplo, mejorar las condiciones de vida del 21% de la población que está en el paro, o para reducir el analfabetismo, que alcanza a más de la mitad de los marroquíes, o para mejorar el sistema  básico sanitario, del que carece el 93% de los pueblos del país. La represión contra los saharauis en los territorios ocupados ha aumentado en la misma proporción que se suceden las protestas en las calles de las principales ciudades del Sáhara.

En medio de esta situación interna cabe preguntarse qué futuro tendrá una autonomía saharaui en un Marruecos fuertemente centralizado y con graves carencias de derechos humanos. La concesión de un autogobierno a los saharauis tendrá incluso serias consecuencias para la estructura política marroquí, ya que comunidades como la beréber pueden reclamar también una autonomía. Sólo una solución justa al conflicto del Sáhara Occidental que tenga en cuenta el Plan de Paz de la ONU puede ayudar a la consolidación de la democracia en Marruecos. 

Rosa Meneses Aranda. Periodista y colaboradora del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), en Madrid.